La expulsión del PSOE de los cuatro concejales de Santiago llega al juzgado
SANTIAGO CIUDAD
La demanda de Muíños, Rosón, Castro y Álvarez para la impugnación de las resoluciones de la comisión federal de ética y garantías del partido ha sido admitida a trámite y será llevada por el juzgado número 3; y además, el 9 de mayo tendrá lugar la vista entre las dos partes para resolver la concesión de la medida cautelar que solicitan los ediles
26 abr 2025 . Actualizado a las 13:36 h.La expulsión por la dirección del PSOE de los concejales Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez ya ha iniciado el trámite judicial. La demanda interpuesta por los cuatro ediles para la impugnación de las resoluciones de la comisión federal de ética y garantías ha sido admitida a trámite. El caso lo llevará el juzgado número 3 de Santiago. Los cuatro ediles socialistas interpusieron la demanda en la semana del 17 de marzo, en respuesta a la notificación que recibieron de Ferraz el día 14 de ese mes con la resolución de expulsión definitiva del partido.
Además, desde el 10 de marzo las dos partes están notificadas para la vista judicial en la que deberá resolverse la concesión de solicitud de medida cautelar que demandan los cuatro concejales expedientados para la suspensión de la eficacia y ejecución de las resoluciones disciplinarias. Esa vista tendrá lugar el próximo 9 de mayo.
De este modo, se abre un proceso judicial sobre el que ya habían alertado los propios concejales, que ya el 24 de enero, cuando Ferraz inició el procedimiento al comunicar su expulsión provisional, habían advertido de su intención de llevar el caso a los tribunales en cuanto se les comunicara la definitiva. La dirección del PSOE achacó a los ediles que incurrieron en faltas graves y muy graves de la normativa socialista, como «la obstrucción a la labor y decisiones de los órganos del partido» y la «actuación, por acción u omisión, en contra de acuerdos adoptados por las órganos de dirección del partido que afecten a las instituciones». Además, en el caso de Gonzalo Muíños, Ferraz también le imputa la sanción muy grave de «desempeñar cargos públicos o asimilados sin la autorización expresa de los órganos competentes del partido».