Jueces y fiscales denuncian la «temeridad» de Catalá y piden su dimisión tras sus críticas al juez de La Manada
SOCIEDAD
El ministro de Justicia sostuvo que el magistrado que emitió un voto particular en la sentencia tiene algún «problema singular» y que «todos lo saben». Defendió que el CGPJ debería «haber actuado»
30 abr 2018 . Actualizado a las 16:58 h.Las críticas vertidas durante los últimos días por parte de las asociaciones judiciales hacia el ministro Rafael Catalá, tras sus declaraciones en relación con la polémica sentencia de La Manada, lejos de calmarse han crecido enteros. Este lunes, las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido la dimisión del ministro de Justicia tras apuntar este en una entrevista radiofónica que el juez de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el fallo, Ricardo González, tiene algún «problema singular» y que «todos lo saben».
En declaraciones a la Cope, el ministro ha considerado, además, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar «preventivamente». «Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado», ha señalado.
Rafael Catalá ha reconocido que no conoce a ese juez personalmente, pero ha insistido en que «todos lo saben, los jueces». «Hay 5.400 jueces magníficos profesionales pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas que tienen dificultades», ha señalado. «El Consejo tiene una labor de organización y tutela de la carrera judicial -prosigue Catalá-. Es un asunto muy delicado e insisto en que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conocen muy bien esta situación y el Consejo tenía que haber actuado preventivamente».
No se trata, según ha matizado, de decirle al CGPJ «que sancione a un juez por emitir un fallo o un voto particular», algo que hace «en ejercicio de sus funciones», pero sí de recordar que «la independencia del poder judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera» y «en eso el Consejo tiene una responsabilidad».
Un juez con «algunos expedientes», suspendido por retrasos
En esta línea, Catalá ha afirmado que sería por su parte una frivolidad afirmar sin más datos, que ese juez debería estar inhabilitado y ha incidido en que «la labor del Consejo es asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades». «Esa labor la tiene que ejercer. A mí me han dicho que es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema», ha añadido. Además, Catalá ha criticado el voto particular que emitió este magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra y en el que pedía la libre absolución, pues no encontraba que estuviera probado el abuso sexual continuado por el que condenaba el resto del tribunal. «Una sentencia de 140 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones muy inadecuadas, que es lo que yo creo que ha generado el revuelo social. En eso se podía haber actuado preventivamente y en eso el consejo tiene una responsabilidad», ha reiterado.
Tras las palabras del ministro, fuentes del CGPJ han aclarado que se sancionó y se suspendió seis meses por falta muy grave al magistrado en julio del 2001 por retrasos injustificados y reiterados en sus funciones. Entre otros retrasos, Ricardo Javier González tardó 14 meses en redactar un fallo sobre divorcio. En el referido expediente del CGPJ, se tuvieron en cuenta otras sanciones seguidas contra este magistrado, entonces juez de primera instancia de Bilbao. La resolución del CGPJ del 2001 fue confirmada por sentencia del Supremo en noviembre del 2003. Las citadas sanciones previas a la suspensión se concretaron en multas por retrasos cometidos en los últimos años de la década de los 90.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial han insistido en que el juez no ha sido expedientado o sancionado en los últimos cuatro años y han pedido a Catalá que aclare la información que maneja sobre dicho magistrado. «Nosotros no lo sabemos, pero desde el CGPJ nos gustaría mucho saber quiénes son esos que saben», ha subrayado este lunes José María Macías, vocal del órgano judicial, en referencia al problema «singular» que el ministro aseguró que «todos» conocían. Macías ha añadido al respecto que que la obligación de Catalá es colaborar con el «buen funcionamiento de la Justicia y con el Consejo» y que sus declaraciones no contribuyen a «la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia y del poder judicial».
Jueces, fiscales y oposición piden la dimisión de Catalá
Nada más hacer públicas las opiniones de Catalá se ha desatado una tormenta de declaraciones y reacciones, llegadas, además, desde todos los ámbitos.
Las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido su dimisión. Las asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han firmado un comunicado conjunto en el que reprochan al titular de Justicia que con sus manifestaciones esta mañana ha sembrado públicamente dudas sobre la capacidad y condición del magistrado.
«La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia», reza el comunicado.
En su nota exponen que el «verdadero peligro» es la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la «confusión intencionada» de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, «respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones».
Horas antes de este comunicado, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández, había ya respondido que «no había ningún motivo» para actuar contra el juez que emitió el voto particular. «El Consejo no ha actuado porque no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado González», sentenció el vocal en declaraciones a La Sexta, insistiendo que «no había ningún motivo» para tomar medidas sobre ese magistrado antes de su intervención en el juicio.
Ya en el ámbito de Navarra, comunidad donde se dictó la controvertida sentencia, los jueces y magistrados y las secciones territoriales de diversas asociaciones judiciales han calificado de «escandolosa» la actitud del ministro y consideran que sus palabras deberían «provocar su inmediata dimisión».
Más allá del ámbito judicial, la oposición también se ha posicionado sobre las declaraciones de Catalá. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha criticado las palabras del ministro ya que, a su juicio, demuestran «poco respeto por la separación de poderes» y suponen «señalar» a un juez. «No es la primera vez que hace unas declaraciones en las que demuestra poco respeto por la separación de poderes», ha insistido. Villegas ha indicado que lo que debería hacer un responsable político y, concretamente, el ministro de Justicia en este caso es proponer cambios legislativos concretos, «no señalar a jueces, atacándoles directamente», ni «interferir en el trabajo» del CGPJ.
La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha pedido, por su parte, la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al considerar que se ha «inmiscuido en el poder judicial» con sus críticas al juez. «Catalá es un ministro que ya está reprobado por el Congreso, y que tendría que haber dimitido hace mucho tiempo por proteger a sus amigos corruptos y nombrar a un fiscal anticorrupción que básicamente lo que hacía era cometer corrupción», ha afirmado Belarra en declaraciones a los medios en la sede del partido morado.
El PSOE, sin embargo, sí que ha respaldado al ministro. «No podemos estar más que de acuerdo, porque si el ministro habla así es porque se le supone mucho conocimiento de causa y si no ha ido más allá de la información que tiene, quizás sea por la prudencia necesaria», ha dicho su secretario de Organización, José Luis Ábalos, en LaSexta.
Revisión del Código Penal
Durante la entrevista radiofónica, Catalá ha explicado, en relación a la tipificación de los delitos contra la libertad sexual, que su encargo a un grupo de expertos en derecho penal de revisar el Código Penal para estudiar una mejora, no es legislar en caliente sino «adaptar» la legislación a la realidad social. «Son temas muy delicados pero seguramente si ese texto estuviese mejor redactado evitaríamos otros conflictos», ha apuntado.
«He encomendado a los expertos en esta materia que nos hagan una propuesta. Van a tomarse su tiempo, van a reunirse las horas que hagan falta y harán una propuesta que los grupos políticos valoraremos y consideraremos si merece una reforma legislativa. Yo aquí no veo precipitación ni legislación en caliente en el sentido de movida por las emociones», ha señalado.
