El Ministerio de Educación confirma que cinco comunidades no quieren firmar el acuerdo de fin de curso

S. C. REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

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Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia piden al Gobierno central que determine las asignaturas suspensas que obligan a repetir, y el País Vasco habla de un conflicto de competencias

16 abr 2020 . Actualizado a las 23:49 h.

Seguridad jurídica y disparidad territorial. Basándose en estos dos aspectos, comunidades autonómas gobernadas por el PP no quieren suscribir el acuerdo que este miércoles presentó la ministra de Educación, Isabel Celaá, ante la Conferencia Sectorial de Educación, donde estaban representadas todas las comunidades. El propio Ministerio de Educación y Formación Profesional admitió que son cinco las comunidades que «han expresado discrepancias» en la aplicación del acuerdo; en sus cálculos no entra Galicia, que por lealtad institucional decidió apoyar la orden ministerial. El equipo de Celaá explica que a pesar de que «todas las comunidades autónomas aprecian y comparten que su filosofía es la adecuada para un momento excepcional como el que estamos padeciendo», los gobiernos autonómicos de Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Comunidad de Madrid y Región de Murcia se descuelgan de la aplicación de este acuerdo de «carácter vinculante». En el caso vasco, las críticas no van en el mismo sentido que el resto, sino al contrario, se opone «por una cuestión de competencias».

«Las comunidades autónomas que no se han adherido ahora pueden hacerlo más adelante si así lo consideran»

«El resto de comunidades se adhieren a este acuerdo que, según la normativa de la Conferencia Sectorial tiene carácter vinculante. Es decir, las comunidades que se adhieren aplicarán los criterios establecidos en el acuerdo», explican desde el Ministerio, que no descarta que las regiones díscolas cambien de opinión. «Las comunidades autónomas que no se han adherido ahora pueden hacerlo más adelante si así lo consideran», añaden en un comunicado.

Las comunidades que se no acojan a esta orden deberán aplicar la Lomce, que es la ley en vigor.

Según lo acordado en la sectorial, la norma general es que los alumnos promocionen de curso (pasen al siguiente), e incluso titulen aunque suspendan más asignaturas de las estipuladas por ley; este concepto es más flexible en primaria, pero se limitan a dos (y siempre que no sean a la vez Lengua/Lingua y Matemáticas) en secundaria. Ahora, la crisis del coronavirus ha hecho saltar por los aires todos los preceptos anteriores y Celaá dice que no es tan importante el aprobado o suspenso como una evaluación global, una mirada general sobre el alumno. Pero por ley es el Ministerio de Educación el que tiene que decir cómo se promociona y titula.

Galicia cumplirá la ley

La viceconsejera de Educación de Andalucía (el titular es Javier Imbroda), María del Carmen Castillo, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, dijo que hay un «problema de seguridad jurídica» y exigió que el Ministerio asuma su responsabilidad. También lo pidió ayer mismo la conselleira gallega, Carmen Pomar, aunque esta reconoció que si la orden ministerial se publica en el BOE, Galicia cumplirá con la ley.

«Al ministerio no le gusta nada el esfuerzo, le tiene grima»

Más reacios son los responsables de la Comunidad de Madrid: Enrique Ossorio, su consejero de Educación, dijo a Europa Press que el Gobierno ha dejado «al albur de cada comunidad autónoma con cuántos suspensos titula», pero que en Madrid va a ser con «cero suspensos». Por eso, en Madrid los que hayan suspendido las dos primeras evaluaciones, tendrán que examinarse en el mes de junio, en las llamadas pruebas de evaluación (antes globales), que serán del 15 al 25 junio (la previsión antes de la pandemia). Lo curioso es que esas pruebas están denostadas, ya que la Lomce considera que la evaluación es continua siempre, y por tanto si se aprueba la tercera evaluación se aprueba el curso. Ossorio dijo que todo se debe a que el Ministerio de Educación hace «dejación» de funciones y «no le gusta nada el esfuerzo, le tiene grima».

«No lo ratificamos»

Murcia también se perfila como insumisa. La consejera del ramo, Esperanza Moreno, pidió a la ministra que regule con una instrucción la promoción y titulación de los alumnos para evitar desiguladades entre las comunidades.y que mientras «no lo ratificamos», dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Las ocho alegaciones de Galicia

Galicia ha emitido un documento con las ocho discrepancias que la Xunta tiene ante el borrador de la orden ministerial que regula el fin de curso. Con todo, desde la Consellería de Educación insisten que por lealtad institucional, Galicia cumplirá la ley:

  1. Al amparo del artículo 149.1.30 de la Constitución, el Estado tiene la competencia exclusiva de la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. En consecuencia el Gobierno de España está haciendo dejación de sus funciones.
  2. Dicha regulación responde al principio de igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos.
  3. La concreción de dichas competencias supone para el Gobierno la obligación de determinar las condiciones y en particular el número de materias suspensas con las que es posible promocionar o, en su caso, titular.
  4. Para los cursos que son final de etapa y suponen titulación, las medidas de recuperación establecidas para el primer trimestre del curso 2020-21 no son necesariamente de aplicación [los alumnos de segundo de bachillerato ya estarán en la universidad o en FP] lo que provocará una disminución de la calidad de las enseñanzas recibidas.
  5. Respecto de las enseñanzas de Formación Profesional observamos una evidente contradicción entre lo previsto y lo que se ha tramitado para formación de centros de trabajo (FCT). Y en lo que se refiere a las enseñanzas artísticas y deportivas existen cuestiones técnicas que resultan ambiguas en los documentos enviados y se omite cualquier tipo de referencia a las enseñanzas de idiomas y de adultos.
  6. Las medidas para un eventual refuerzo educativo en julio exigen la habilitación de los créditos oportunos del Ministerio a través del Fondo de Cooperación Territorial (sin estar vinculadas a la gestión del Fondo Social Europeo).
  7. En lo relativo al mandato a las administraciones educativas de intensificar la puesta a disposición de los recursos tecnológicos, esta comunidad considera insuficientes los recursos enviados hasta el momento.
  8. En lo relativo al borrador de Orden, enviado por correo electrónico a las 20.51 horas de ayer, queremos manifestar que además de no incluir la redacción concreta de los anexos, dicha orden, que altera todos los criterios de evaluación establecidos por normativa básica estatal, necesita de una disposición final en la que se haga constar el carácter básico de dicha disposición al amparo del artículo 149.1.30.