Irene Montero afea al CGPJ haber incumplido los plazos para emitir su informe
30 ago 2022 . Actualizado a las 20:03 h.El Gobierno ha pisado el acelerador para culminar la legislatura apuntándose el tanto de haber llevado a cabo tres profundas y ambiciosas reformas que sentarán las bases de una nueva generación de derechos feministas: la ley del «solo sí es sí», aprobada definitivamente el pasado jueves; la ley trans y la ley del aborto, que este martes fue remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria sin esperar a los informes preceptivos —aunque no vinculantes— del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.
Todo anteproyecto de ley debe ser sometido a la opinión del órgano de gobierno de los jueces, que tiene hasta 30 días para emitir sus consideraciones excepto si la norma se tramita de «urgencia»; en este caso deberá hacerlo en 15. Esta fue la baza que el Ministerio de Igualdad jugó en el mes de mayo cuando su texto consiguió el visto bueno del Consejo de Ministros para reducir los plazos y poder saltarse las reticencias del CGPJ. Y así, tras haber esperado dos meses, el Ejecutivo envió este martes a las Cortes, sin haber pasado el examen de los órganos consultivos y con la vitola de «máxima urgencia», la ley que blinda el derecho de todas las españolas a interrumpir voluntariamente su embarazo en un hospital público y que garantiza que ninguna mujer tendrá que acudir más a trabajar con dolores incapacitantes de regla.
El Gobierno había solicitado al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía los informes preceptivos sobre el anteproyecto el pasado 13 de junio. Ambos, según la ley, contaban con 15 días prorrogables para entregar estos análisis, de los que casi 80 días después no hay ni rastro. «No se puede paralizar un proyecto porque el CGPJ no hace su trabajo y no cumple con los plazos establecidos para emitir informes sobre leyes que les remite el poder Ejecutivo», reprochó Irene Montero al órgano judicial. No es la primera vez que la ministra de Igualdad lanza duras críticas al CGPJ por los retrasos en la emisión de informes preceptivos a iniciativas de su departamento, como la ley trans, sobre la que los jueces se pronunciaron en abril cuando, según Montero, debería haberlo hecho en enero. La titular de Igualdad señaló este martes, sin embargo, que cuando este órgano «haga su trabajo» ese informe se incorporará en la tramitación parlamentaria que se iniciará en los próximos meses.
Las carencias de la ley
Las asociaciones feministas celebran el empujón a la norma, valorando especialmente la supresión del permiso paterno para abortar a los 16 y a los 17 años y la regulación de la objeción de conciencia de los sanitarios, «una auténtica barrera para hacer efectivo el derecho al aborto», pero creen que debería aprovecharse la oportunidad para «sancionar» a quienes acudan a la gestación subrogada, así como «derogar la instrucción del Registro civil que permite inscribir en España a los bebés» que nacen de esta práctica. «Es una forma de explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres», censura la Federación de Mujeres Progresistas. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres apunta además a Europa Press que en el texto «no queda claro si las mujeres van a poder elegir el método para abortar» y, de hecho, considera que «hay un especial interés en establecer como prioritario el farmacológico por ser más económico y no necesitar especialización profesional».