Los 55 días desde que se solicita la eutanasia hasta que se hace efectiva
SOCIEDAD
Dieciséis personas han terminado con su vida en Galicia desde que se aprobó la ley y hay al menos otras tres pendientes de que se resuelva su solicitud
15 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Las personas que piden en Galicia la prestación de ayuda para morir, amparadas por la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia, tardan entre 45 y 60 días (la media está en 55) desde la primera solicitud hasta que se hace efectiva. Un plazo más que razonable, a juzgar por la impresión del personal implicado, dado el carácter garantista del procedimiento y el número de profesionales que tienen que intervenir en distintos momentos separados en el tiempo.
Desde la entrada en vigor de la normativa, el 25 de junio del 2021, en la comunidad acabaron su vida por esta vía 16 personas y hay al menos otras tres pendientes de que se resuelva su solicitud, según informa la Consellería de Sanidade.
El catedrático de Filosofía del Derecho de la UDC, José Antonio Seoane Rodríguez, que es especialista en bioética, y el médico de primaria del PAC de Carballo, Felipe Trillo Taboada de Zúñiga, miembros ambos de la Comisión de Garantía e Avaliación da Eutanasia da Comunidade Autónoma de Galicia, dan algunas claves respecto a cómo funciona el procedimiento.
Tal como detalla Seoane, todo parte de una solicitud por escrito firmada por el interesado en «contexto eutanásico». Esto es que sufra «unha enfermidade grave e incurable ou un padecemento crónico constante e intolerable para el», explica el profesor Seoane. A partir de ahí, la dirección asistencial del área sanitaria en cuestión activa el protocolo y nombra un médico responsable, que por norma general es el que ya venía atendiendo al paciente. Este inicia un proceso de deliberación y acompañamiento y, transcurridos al menos 15 días, la persona tiene que firmar una segunda solicitud. «Por suposto pode revogala en calquera momento», como dice Seoane. A partir de ahí, entra en escena la figura del médico consultor, que examina al paciente y estudia su historia clínica. Con ese respaldo, el médico responsable elabora un informe que envía a la comisión. Su presidenta, la anestesista Nieves Molíns, designa a dos de los 12 miembros, siempre uno del ámbito sanitario y otro del jurídico, que son los que deciden. Si ambos están de acuerdo ya se sigue adelante y si tienen opiniones opuestas elevan el asunto al pleno para que resuelva.
Hay otra forma de acceso a esta prestación un poco más compleja y de la que no consta que se hayan registrado todavía casos en Galicia, que es de las instrucciones previas para personas incapacitadas de hecho. Es decir, alguien que en estos momentos no tienen capacidad para decidir o para expresar su decisión pero que ya lo hizo previamente para cuando llegase una situación de estas. De hecho, la primera vez que se aplicó la eutanasia en España fue a una mujer del País Vasco que había tomado esta determinación y su familia acudió a reclamar la prestación al día siguiente a la entrada en vigor de la ley.
«Todavía existe mucho desconocimiento, creo que habrá un salto cualitativo cuando le ocurra a algún famoso o algo así», dice Felipe Trillo que, en cualquier caso, percibe que durante este 2023 sí se está notando un incremento en el número de solicitudes. Por el momento, los datos con los que trabajan son los del 2022 —están a punto de presentar el informe— porque en el 2021 básicamente solo hubo algunas peticiones, pero no se llegaron a completar procedimientos.
Degenerativas y oncológicas
Todavía resulta complicado establecer un perfil dominante de las personas que piden acabar su vida preservando la dignidad y limitando el sufrimiento. Hasta ahora, las circunstancias de las personas en esta situación son muy heterogéneas. Y tanto Seoane como Trillo están convencidos que eso va a seguir así, aunque esperan cierta predominancia de determinados tipos de patologías, como las degenerativas y las oncológicas.
El interés de los sanitarios agota las plazas de formación
Una vez completada la parte burocrática, hay dos fórmulas fundamentales para llevar a cabo la prestación de ayuda para morir y en ambas cobra un protagonismo especial el personal de enfermería. Las personas que conservan cierto nivel de autonomía pueden optar por lo que se denomina prescripción o suministración. Se le facilitan los fármacos y tiene que tomarlos en presencia del equipo asistencial que se ocupa de su caso. En cambio, las que no pueden o no quieren hacerlo son las que se acogen a la eutanasia propiamente dicha en la que es generalmente un profesional de enfermería el que le administra los medicamentos para morir sin dolor. Algo que puede ser en el hospital, en una residencia o en un domicilio particular. Las que no pueden elegir son las personas que deciden donar sus órganos. Necesariamente deben acudir al hospital por el procedimiento médico que implica.
Lo que más temen los sanitarios, como explica Felipe Trillo, es «no tener el tiempo suficiente para llevarla a cabo [la prestación] con la calidad que merece». El interés y el compromiso están fueran de duda porque en el primer curso a través de la plataforma ACIS del Sergas participaron más de 3.000 profesionales y para la formación avanzada que se ha puesto en marcha ahora ya se han agotado las plazas.
Trillo entiende que sus compañeros «quieren estar preparados» y destaca el resultado porque esta es «otra prestación a coste cero sin ningún tipo de compensación» que se suma a las que ya soportaban, sobre todo en primaria donde los servicios están más exigidos.
En principio, cualquier médico del Sergas es susceptible de convertirse en médico responsable para un procedimiento de eutanasia, pero, por supuesto, también tienen derecho a la objeción de conciencia. «Lo que no les exime la objeción de conciencia es de informar y acompañar a sus pacientes», señala Trillo.
