¿Qué proponen los agricultores para solventar los problemas del campo?

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) tiene claro que la cuestión más urgente que afecta al sector agroganadero español es la «absoluta falta de un precio justo que permita, al menos, cubrir los costes de producción». Así se lo trasladó al ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la primera reunión de la mesa de debate agrícola. La formación presentó una batería de medidas que, en su opinión, se deben poner en marcha para que los agricultores logren unos precios justos por sus productos. Algunas de ellas llevan mucho tiempo sobre la mesa, como que se prohíba la venta a pérdidas o que las sanciones que se apliquen a aquellos que incumplan la norma sean públicas y ejemplares. Otras son más novedosas, como definir por ley qué es un precio justo para un determinado producto agrícola. 

UPA apuesta por acabar con los problemas del campo aplicando una serie de cambios legislativos urgentes. El primer de ellos pasa porque se establezca como práctica prohibida la venta a pérdidas en toda la cadena alimentaria. El segundo, que se defina por ley el concepto de precio justo para cada uno de los productos agrarios perecederos y que este precio esté estrechamente ligado a los costes de producción. Otra de sus propuestas prevé que en los contratos de compraventa de alimentos se pueda hacer referencia a los costes de producción, como sucede en Francia o Italia. Apuestan también porque se reconozca la figura del mediador, para que vele por las buenas relaciones entre agricultores y compradores. Esta es otra reivindicación que lleva un tiempo sobre la mesa y que ya se está aplicando también en otros países europeos con resultados positivos, como en el caso de la leche en Francia. 

Sanciones ejemplares y contundentes

Durante los últimos años, las organizaciones agrarias han denunciado a todas aquellas cadenas de distribución que utilizaban el precio de los productos agroganaderos como reclamo para sus ventas. Sin embargo, consideran que todas las sanciones que se aplicaron por esta cuestión «son secretas e irrisorias». Es por ello que reclaman que en la reforma de la ley se incluyan multas para todo aquel que incumpla la norma, pero que estas sean ejemplares y, sobre todo, públicas. 

Dar mayor transparencia a la cadena agroalimentaria sería otra de las medidas que, según la organización agraria, ayudaría a frenar los abusos que actualmente se producen. Por eso, otra de sus propuestas es la de actualizar los estudios sobre los costes de producción, que se han quedado obsoletos. Sus dos últimas reivindicaciones están encaminadas a dar más valor al trabajo de los agricultores. La primera busca que el etiquetado en origen sea obligatorio para todos los productos frescos y manufacturados. La segunda, establecer medidas que regulen y faciliten la venta directa de los productos agrícolas y ganaderos por cauces directos, es decir, que agricultores y ganaderos puedan llegar directamente al consumidor sin tener que pasar por terceros. 

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