Transición Ecológica eleva la protección del lobo, pero deja abierta la puerta a su caza

Tal y como había anunciado, e incluso dentro del plazo marcado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elevado la protección del lobo en toda España, al incluirlo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Así al menos lo publica esta misma mañana el Boletín Oficial del Estado en una orden que incluye algunos cambios con lo previsto inicialmente. La primera, que no se ha presentado aún la estrategia de conservación y gestión de esta especie, paso que el propio ministerio anunció que se daría antes de cambiar la catalogación del cánido. La segunda, que la orden deja abierta la puerta a que las comunidades puedan autorizar medidas de extracción y captura de estos ejemplares, algo que no se contemplaba inicialmente. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), impulsora de esta medida, se mostró relativamente satisfecha con la iniciativa porque, aunque deja abierta una puerta a que se puedan matar lobos, las excepciones que incluye «ni se cumplieron, ni se cumplirán nunca en España», explica su presidente, Ignacio Martínez. 

La orden ministerial cambia el actual listado para incluir en él a todas las poblaciones de lobo que existen en España, pues hasta ahora solo figuraban en el mismo las que se ubicaban al sur del Duero. Al mismo tiempo, incluye dos disposiciones adicionales. En la primera de ellas recoge que las medidas de extracción y captura de ejemplares que hayan adoptado las comunidades autónomas con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden podrán seguir siendo de aplicación, siempre que se ajusten a las condiciones previstas en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural. Es más, prevé que se puedan aplicar este tipo de iniciativas cuando no exista otra solución satisfactoria, esto es, cuando se haya demostrado que las explotaciones ganaderas afectadas por los ataques del lobo habían puesto en marcha medidas efectivas o de protección del ganado. También, cuando se justifique que la medida de extracción no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie y, por último, cuando quede claro que existen perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas. Las medidas, añade la orden, deben ser selectivas, realizarse en un tiempo lo más próximo posible al perjuicio y lo más cercano posible a las explotaciones y deberá realizarse un seguimiento de su efectividad. 

En la disposición adicional segunda se habla de la estrategia de conservación y gestión del lobo, documento que el ministerio había prometido aprobar antes de incluir la especie en el listado, y que ahora deberá esperar. Porque, según el BOE, será la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la que dará el visto bueno a este documento antes del próximo 31 de diciembre. 

Desde ASCEL valoraron positivamente la iniciativa porque, en su opinión, «esto es una solución transitoria porque, en la práctica, se acaba con la caza y control. Nadie puede hacer un expediente de los que contempla esta orden en cuestión de dos o tres meses. Por eso supone una suspensión cautelar de las muertes», añade Martínez. Aún así, su asociación seguirá peleando por eliminar estas disposiciones y también por incluir al lobo en el Catálogo de Especies Amenazadas, en la categoría de Vulnerable. Una demanda por la que han presentado un contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Cuenta atrás para la prohibición total de la caza del lobo

La publicación de la orden ministerial pone fin a una propuesta con la que el Gobierno ha puesto en pie de guerra a las comunidades del norte de España y, sobre todo, a los ganaderos y a las asociaciones agrarias. Ha sido, también, motivo de enfrentamiento con el Ministerio de Agricultura, cuyo responsable, Luis Planas, mostraba esta pasada semana sus reservas porque la iniciativa salga adelante en una carta remitida al sector. 

Hace ahora casi dos años que nació la polémica en torno a la protección del lobo. Fue una iniciativa presentada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) y que ha sufrido numerosos vaivenes en todo este tiempo. Como ha explicado en numerosas ocasiones esta entidad, no se trataba de una simple petición, sino de una iniciativa que ponía en marcha un proceso reglado para solicitar formalmente la inclusión de esta especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de Vulnerable. En su defecto, la asociación proponía que el lobo pasara a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). El primero en examinar el proyecto fue el Comité Científico, quien dictaminó que no era posible incluir al cánido en el Catálogo, pero sí en el Listado.

En un primer momento, parecía que el ministerio no se tomaba en serio la iniciativa, y de hecho en noviembre del pasado año comunicó a las comunidades del norte, entre ellas Galicia, que no iba a salir adelante. Dos meses después, Ascel decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde presentó un recurso en el que acusaba al ministerio de incumplir un proceso reglado. Desde entonces, todo han sido prisas por sacar el proyecto adelante.

Solo un mes después, el ministerio convocó a la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad para decidir si se elevaba la protección del lobo en toda España y se incluía en el Lespre. La votación salió adelante por un escaso margen de apoyos, la mayoría provenientes de comunidades en las que no hay lobo, y despertó la indignación de las regiones del norte, de diferente color político: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Desde entonces, estas hicieron frente común para presentar alegaciones y tratar de dialogar con el ministerio, intentando conseguir que antes de elevar la protección del lobo se pusieran en marcha otras medidas, como censos para conocer la situación real del cánido o ayudas para paliar los daños que el animal ocasiona a la ganadería en extensivo, así como otras para instalar sistemas que permitan prevenir los ataques.

Esas mismas reivindicaciones presentaron las organizaciones agrarias, que llegaron a salir a la calle para pedir la paralización del proceso. Querían que, antes de elevar la protección del animal y quedarse sin medidas que permitan su control cinegético, se diseñara y aprobara una estrategia nacional de gestión que permitiera evitar los daños que ocasiona el cánido, sobre todo, en la ganadería en extensivo. Finalmente, el pasado mes de mayo, el Ministerio para la Transición Ecológica hizo público el proyecto de orden ministerial que va a modificar el listado con el fin de incluir en él a todas las poblaciones de lobo ibérico presentes en la geografía española. El documento, que entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, establecía también un calendario transitorio, hasta que la conferencia sectorial aprobara la nueva Estrategia del Lobo. Era ahí donde se afirmaba que todo el proceso iba a terminarse antes del día 25 de este mes.

Pero en agosto, el proceso sufría un nuevo revés. El Consejo de Estado, órgano por el que se esperaba que el documento pasara sin mayor problema, pidió al Ministerio de Transición Ecológica más detalles sobre los planes de gestión de esta especie desarrollados por las comunidades. Desde entonces, nada más se ha vuelto a saber de su dictamen. Las comunidades confiaban en que este organismo hiciera repensar al Gobierno su intención de elevar la protección del lobo. Al final, el ministerio ha levado la protección del lobo, pero con algunos cambios, como que deja la puerta abierta a la extracción y captura de algunos ejemplares.

La Xunta considera que la decisión se toma sin tener una base científica

La Consellería de Medio Ambiente se posicionó, desde un principio, en contra de la propuesta del ministerio de elevar la protección del lobo. La Administración autonómica recuerda que ya dispone de un plan de gestión de esta especie y por eso se mostró dispuesta a acudir al Tribunal Supremo, junto con las otras comunidades del norte que también rechazan la medida, si la propuesta salía adelante. Al mismo tiempo, presentó también una serie de alegaciones al informe elaborado por Transición Ecológica para el Consejo de Estado. En ellas argumentaba que el Gobierno central carece de una base científica que justifique su decisión de prohibir la caza del cánido en todo el territorio español.

«O Goberno segue a replicar os criterios sen base científica, nin técnica e pouco rigorosos, para pechar a inclusión do lobo na Listaxe», argumentaba Medio Ambiente hace poco más de una semana en un comunicado oficial. La consellería aprovechó el requerimiento realizado por el Consejo de Estado al ministerio para solicitar acceso a la documentación que Transición Ecológica presentó para justificar la decisión de elevar la protección del lobo. La documentación fue analizada por los servicios técnicos y jurídicos de la consellería, que concluyen que el Gobierno no aporta ninguna novedad al respecto y que sus argumentaciones siguen careciendo de una base científica.

También sostiene que el Gobierno «considera que o estado de conservación do lobo é desfavorable apoiándose nun informe sexenal (2013-2018) carente de precisión, dado que foi elaborado de forma unilateral polo ministerio, sen ter en conta os datos técnicos e obxectivos aportados pola comunidade e sen ter en conta o censo poboacional do 2015 de Galicia». La consellería estaba a la espera de que Transición Ecológica mueva ficha para decidir qué medidas poner en marcha, entre las que no descarta acudir a los tribunales junto con Asturias, Cantabria y Castilla y León.

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