El sector ganadero pide la «inmediata» retirada de la norma que aumenta la protección del lobo
GANADERÍA
Mientras desde Ascel recuerdan que se dan las condiciones legales para mantenerla, Asaja, COAG y UPA pedirán el martes al Ministerio que dé marcha atrás a la idea de incluir esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
19 feb 2021 . Actualizado a las 13:51 h.El sector ganadero español, representado por las principales organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, pedirá el próximo martes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que retire de forma «inmediata» la orden que pretende declarar al lobo especie protegida. Si no es así, anunciarán «medidas de presión» para las próximas semanas, según han indicado este jueves en un comunicado conjunto. Esta petición que harán al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, es «innegociable» y, a partir de ahí, las organizaciones agrarias «muestran su total disposición» para trabajar con el Ministerio en medidas que permitan la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre.
Frente al ultimátum dado por las organizaciones agrarias, desde la Asociación para la Conservación y para el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) reiteran que se cumplen todas las condiciones legales para incluir a este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
De ahí que la polémica lejos de amainar continúa. Asaja, COAG Y UPA creen que la orden ministerial es «de todo punto inaceptable» y carece de la necesaria legitimidad para salir adelante: «No hay más que recordar las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decidió prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las comunidades autónomas donde el lobo tiene su principal implantación», han añadido.
Aseguran que la citada norma se basa en un censo de población de lobos de «2012-2014 que no refleja» la situación actual y en el informe realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo (Ascel), «ignorando criterios científicos y objetivos y que carece» del necesario consenso de las partes afectadas. Esta orden «ni siquiera cuenta con el beneplácito de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas».
En opinión de las organizaciones agrarias, la única forma de solucionar este «disparate» normativo es que el Ministerio retire la «polémica orden» y que se elabore un plan global sobre el lobo que incluya un «diagnóstico real y certero» de la situación del impacto en la ganadería.
Para ello, ven viables medidas de gestión y control de la especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que «en ningún caso» deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC ni con los seguros agrarios que suscriben los productores. Las tres organizaciones entienden que para blindar el estatus legal del lobo lo más lógico sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración).
Según los datos que manejan, el lobo, «lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente» el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia.
Prueba de ello, señalan, es que los ataques a la ganadería se han incrementado «exponencialmente, pasando de más de 10.000 en el 2019 a cerca de 15.000 en el 2020 y con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros».
Frente a todos estos argumentos que Ascel entiende como «un pataleo», el colectivo que ha promovido la mayor protección del lobo al norte del Duero recuerda que presentaron la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en octubre del 2019 y en mayo del 2020 se publicó el dictamen de un comité de «19 científicos independientes» que recomendaba su inclusión en el Lespre.
Este dictamen, consultado por Efeagro, lo avala al entender que la «información disponible pone de manifiesto su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas naturales». El Real Decreto 139/2011 del 4 de febrero, para el desarrollo del Lespre y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, indica que para incorporar una especie en el listado habrá que aportar información científica justificativa, al menos, en relación al valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza de la especie así como las referencias de los informes y publicaciones científicas utilizadas.
Ascel ha restado importancia al criterio de evolución de la población de lobos en la península: «No es cuestión de que haya tantos lobos o no, o de si está actualizado el censo». «Si las organizaciones agrarias o cualquier estamento social considera que eso no es así, tendrá que seguir el mismo procedimiento administrativo», ha añadido.
«Están en su libre derecho al pataleo pero no pueden saltarse el procedimiento administrativo», han apuntado fuentes de Ascel. Según esta asociación, «hay criterios aprobados y reglados» para la inclusión en el Lespre y el lobo «los cumple». La legislación «es de obligado» cumplimento «para todos» por lo que «no puede haber estamentos que supediten su cumplimento sobre los intereses sectoriales».