El Gobierno defiende las ayudas puestas en marcha para contrarrestar los efectos del déficit hídrico, pero los agricultores dicen que no bastan y piden un plan integral que proteja al sector primario de los cambios climáticos tras la reunión técnica de la Mesa de la Sequía
06 sep 2022 . Actualizado a las 09:45 h.La escasez de lluvia acumulada a lo largo del año ha tenido consecuencias en todos los pilares en los que se apoya el sector primario. No ha habido comunidad que se haya salvado. Desde el sur del país, donde los olivos han respondido a la escasez de agua deshaciéndose de sus frutos para sobrevivir, hasta el norte, donde los productores de leche han tenido que echar mano de la hierba que guardaban para el invierno para sacar adelante a sus animales. De todo eso trataron este lunes representantes de los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación, con los portavoces de comunidades autónomas, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias y comunidades de regantes durante una reunión técnica celebrada por videoconferencia para evaluar las medidas adoptadas por el Ejecutivo el pasado mes de marzo. Desde el Ministerio de Agricultura avanzaron en un comunicado que lo que se hará ahora es evaluar el informe del asunto que ha realizado cada comunidad para luego tratar de diseñar qué líneas seguir. El problema es que el resultado del encuentro no ha convencido ni a los agricultores ni a comunidades altamente afectadas por la falta de agua como Andalucía. De hecho, desde la Junta dicen que el encuentro les «ha defraudado» y reclaman más medidas a nivel político.
Organizaciones agrarias como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) o la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) tampoco se quedan atrás. El responsable de Asaja, Pedro Barato, ha reclamado al Ministerio de Agricultura una reunión con el sector «con más contenido» que la celebrada este lunes, al tiempo que reclama un «plan de choque urgente». e incluso ha amenazado con movilizaciones en el caso de que ese plan no llegue.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores también han reclamado la elaboración de una política integral que proteja al campo de las consecuencias del cambio climático. En este sentido, pidieron que se invierta en modernizar infraestructuras hídricas existentes, además de crear otras nuevas «que nos hagan más resistentes a fenómenos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales que, previsiblemente, podrían llegar en las próximas debido a la gran cantidad de calor acumulado en el Mediterráneo». Para ello, añaden también, deberían contarse con los fondos Next Generation de la UE.
Desde esta organización agraria también proponen rebajar el precio del agua desalada, un recurso que como dicen cobra cada vez mayor importancia, pero que tiene unos costes que no son asumibles para los agricultores. Además, para garantizar el acceso al agua, como añaden, «es necesario abaratar el acceso a la energía necesaria para bombear y hacer llegar dicho recurso a los cultivos». De ahí que, como recalcan, haya que tener en cuenta lo que se conoce como «excepcionalidad agraria»: «Somos un sector especial, con consumos energéticos con picos y valles, y la tarificación debe adaptarse a esa realidad. Exigimos que se ponga en marcha ya la doble tarificación», remarcan.
UPA ha propuesto articular medidas de apoyo presupuestario y de carácter fiscal, además de las que ya se han puesto en marcha, como la reducción de los módulos del IRPF, con especial atención a las explotaciones de carácter familiar, «las que más apoyo necesitan y merecen», aseguran. Y también opina que es preciso estudiar la reducción del IVA de los insumos de los productos que necesita la agricultura y ganadería, especialmente los energéticos (gasoil, electricidad…) y de los fertilizantes. Por no hablar de que se refuercen todavía más las subvenciones para seguros agrarios, sobre todo por parte de las comunidades autónomas.
Desde el departamento que dirige Luis Planas han defendido las medidas que implementaron en marzo y que volvió a recordar en un comunicado:
Medidas fiscales
Los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos _unos 800.000 en el conjunto de España_ han podido beneficiarse de una reducción del 20 % en la estimación de los mismos para la declaración del IRPF del 2021. Al mismo tiempo se han establecido reducciones a nivel nacional en la ganadería y viñedo, además de rebajas a nivel autonómico, provincial e incluso municipal. También se han reducido los índices aplicables a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros y el índice aplicable a los cultivos en tierras de regadío que utilicen electricidad. En total, la reducción de la base imponible se estima en 1.016 millones de euros. De cara al ejercicio fiscal del año 2022, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) recogerá en su informe para Hacienda los efectos de la sequía en este año.
Entre las medidas en vigor cabe destacar también la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para las explotaciones que cumplan determinados requisitos. El Gobierno compensa a los ayuntamientos que apliquen esta exención en el actual ejercicio presupuestario.
Seguros Agrarios
Además, entre las medidas de prórroga del plan de ayudas por las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania está el incremento de la subvención al seguro agrario y que se ha traducido en un incremento de 60 millones de euros, lo que permite aumentar en 10 puntos la subvención base, es decir, la que reciben todos los asegurados, según la modalidad elegida en el momento de la contratación.
Esta subvención se aplicará en aquellas líneas que inicien la contratación entre el 1 de septiembre del 2022 y el 31 de agosto del 2023. Con esta subida, unida al aumento de determinadas ayudas adicionales y otras mejoras introducidas en el 2021, algunos colectivos como el de los agricultores jóvenes tendrán una subvención próxima al 65 % sobre el coste de la prima, máximo permitido por la normativa comunitaria sobre ayudas estatales.
El seguro agrario, que incluye la cobertura de contingencias por efecto de la sequía, se constituye en una herramienta fundamental que tienen a su disposición los agricultores y ganaderos para hacer frente a situaciones de contingencia y dificultades sobrevenidas por adversidades climatológicas. En materia laboral y social, el Gobierno ha concedido aplazamientos en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de recaudación conjunta que han sido prorrogados sucesivamente, de forma que se puede solicitar para las cuotas devengadas hasta septiembre del 2022 para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y hasta octubre del 2022 para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
También se ha reducido, de 35 a 20, el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura.
Apoyo financiero
El Gobierno también ha establecido una línea, de 12 millones de euros, para apoyar la financiación de empresas del sector y que se ampliaron posteriormente hasta 24,7 millones de euros por acuerdo del Consejo de Ministros el 25 de junio. Igualmente se ha ampliado el plazo para la solicitud de estos créditos favorables hasta el 1 de mayo de 2023.
Esta ampliación responde a la fuerte demanda del sector a estas medidas de apoyo, fruto del convenio entre el MAPA, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y que desde el 20 de mayo ya han vehiculado operaciones financieras por más de 100 millones de euros. El plazo aún está abierto.