La flota atunera presiona para que la UE mantenga su misión naval en el Índico

Ni por asomo se está en los niveles de hace unos años, cuando los ataques de los piratas frente a Somalia se contaban por decenas (75 les atribuía en el año 2012 la Oficina Marítima Internacional). Pero el peligro no ha desaparecido de esa zona del Índico. Lo demuestran los dos secuestros que los delincuentes somalíes llevaron a cabo con éxito en el primer trimestre de este año. Y uno, el del petrolero con bandera de Comoros Aris 13, se produjo en las mismas aguas en las que fue atacado el Alakrana, el atunero bermeano con 36 tripulantes -ocho gallegos- que en el 2009 estuvo 47 días en poder de los piratas. 

Es justo en este repunte de los asaltos en Somalia y en el golfo de Adén cuando los socios de la Unión Europea están poniendo en tela de juicio lo oportuno de continuar con la que fue la primera misión naval de la UE, la operación Atalanta, desplegada a finales del 2008 para luchar contra la piratería marítima en el Cuerno de África. No es el caso de España, que está presionando a través del Ministerio de Defensa para que este despliegue de seguridad militar se prorrogue más allá de diciembre del 2018, fecha en la que está previsto que expire su mandato.

Que España sea el socio más empeñado en que la EU-Navfor continúe más allá del 2018 no es casual, no en vano es el campo de actuaciones de más de una veintena de atuneros que o bien llevan su bandera o están controlados por capital español. Ni Francia, ni Italia, también con buques en la zona, están siendo tan insistentes como España.

Tres patronales en apoyo

En apoyo del Gobierno español, las dos asociaciones que agrupan a la flota atunera española, Opagac y Anabac-Optuc, junto a la patronal pesquera Cepesca, solicitaron al mando de la operación Atalanta que renueve el impulso de esta misión europea y extienda el despliegue más allá de la vigencia actual.

Admiten que la presión militar y que los vigilantes armadores que los pesqueros llevan a bordo para protegerse han sido eficaces para reducir los ataques, abordajes y secuestros de buques, pero ponen el acento en ese aumento de la actividad pirata, que atribuyen a que los delincuentes somalíes han interpretado que las medidas de seguridad se han relajado de un tiempo a esta parte. Una percepción que podría estar ligada al fin del despliegue de la misión de la OTAN, la Ocean Shield, que concluyó a finales del 2016. Es por eso que las tres patronales han manifestado su preocupación, al tiempo que expresan la necesidad de fortalecer las medidas que se han llevado a la práctica hasta la fecha.

La misión naval de la UE ha frustrado desde el 2008 un número significativo de ataques piratas y, como resultado de esos golpes, 154 supuestos delincuentes fueron procesados, al tiempo que se neutralizaron 261 grupos armados piratas.

El sector español confía en que juegue a su favor el hecho de que un militar español, el contraalmirante Rafael Fernández-Pintado Muñoz-Rojas, esté al mando de la EU-Navfor, la institución comunitaria encargada de la operación Atalanta.

En este sentido, tanto Julio Morón como Juan Pablo Rodríguez, gerentes de Opagac y Anabac, respectivamente, agradecieron a Defensa el apoyo de las Fuerzas Armadas al sector pesquero español en el marco de la misión naval de la UE y su buena disposición para defender en Bruselas la continuidad de la misma más allá del año que viene.

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