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Barcos gallegos sin base en Galicia deben cambiar de puerto si quieren faenar aquí

e. abuín REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

Oscar Vazquez

Las cofradías reprochan al Gobierno que se pliegue a las exigencias de otras comunidades

26 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El nuevo real decreto que regula el establecimiento y cambio de puerto base deja, en principio, libertad al armador para elegir su dársena de referencia. Ahora bien, ese libre albedrío está matizado «por la necesaria contención del esfuerzo pesquero» y la vinculación que tiene el puerto base con las diferentes medidas de regulación de la pesca marítima, como planes de gestión o derechos de posibilidades de pesca. Total, que esa libertad no es tan amplia como la pintan y va a alterar, sin duda, la actividad de algunas empresas pesqueras.

Lo va a hacer desde el momento en que la norma obliga al armador a tomar como dársena de referencia aquella en la que realice sus operaciones la mayor parte del tiempo, esto es, más de seis meses en un período de doce. Y eso va a afectar a aquellos empresarios gallegos que compraron barcos en Cantabria o el País Vasco pero que solo operan en aquellas aguas durante la costera de la xarda o de la anchoa. Aunque son gallegos por el capital y por el ámbito de actuación durante la mayor parte del año, las posibilidades de pesca del barco están vinculadas a las de la comunidad autónoma en la que tiene su base, y descuentan contra ese cupo.

El decreto obliga a fijar como puerto base aquel en el que se trabaje más de 6 meses al año En virtud del nuevo real decreto, que obliga a tomar como puerto base aquel en el que se faene la mayor parte del tiempo, «os donos de esas embarcacións terán que decidir se continúan na outra comunidade autónoma e traballan alí a maior parte do tempo, alomenos seis meses, ou cambian para Galicia e traballan coas cotas galegas», explica Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías Españolas.

El también presidente de los pósitos lucenses señala que no es que haya un número demasiado abultado de embarcaciones en esa situación, pero advierte que habrá perjudicados en las distintas artes. Y, sobre todo, que esto puede sembrar de nuevo cizaña por el reparto de cuotas.

En este sentido, desde la Federación Nacional de Cofradías reprochan al Gobierno que haya cedido a las exigencias de algunas comunidades autónomas, pues consideran que esa disposición responde al interés de Cantabria y el País Vasco, de la misma forma que atiende a sus intereses el hecho de que haya que comunicar «por parte del interesado la estancia en puertos temporales», como reza el decreto.

Hasta ahora, no era necesario informar del uso de una dársena si se hacía por un período inferior a tres meses. A partir del 1 de enero, no será preciso disponer de una autorización específica, pero sí habrá que comunicar esa estancia. Esto, según la federación de pósitos, viene a satisfacer el interés que tenían «determinadas comunidades autónomas que parecen estar interesadas en conocer los barcos» de otras zonas que temporalmente trabajan en la suya.

El organismo sí respalda otros cambios. Entre ellos, que para el cambio de puerto base sea imperativo contar con el informe de las cofradías y de las federaciones, o que las tramitaciones precisas tengan que hacerse de forma electrónica.

Críticas a un real decreto susceptible de generar el caos en zonas como el Mediterráneo

Las cofradías no entienden por qué se cambia ahora la normativa sobre el puerto base. Sobre todo, sin haberla consensuado y sin tener en cuenta las especificidades de cada zona. En este sentido, apuntan el caos en el que puede quedar sumido el Mediterráneo con estas nuevas normas en cuanto se detallen las medidas técnicas para ese caladero. Ocurre que el plan de gestión integral para las aguas mediterráneas prevé parcelar las zonas de pesca en GSA o subáreas geográficas, y cada una de esas divisiones comprenderá hasta tres comunidades autónomas diferentes. Los pósitos temen que las nuevas disposiciones puedan generar trastornos a los pescadores, pues se corre el riesgo de que si un armador se olvida de comunicar el cambio temporal de puerto, siempre de menos de tres meses, se exponga a una sanción. «O Goberno debería esperar a que se definira o plan do Mediterráneo para publicar despois o decreto, non sabemos a que veñen estes cambios agora», señala Basilio Otero. 

Mejoras en las bajas

Pero no todo son peros. Las cofradías destacan aspectos de la norma que aplauden, como que se facilite la tramitación de los expedientes y se amplíen los plazos para la presentación de proyectos al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); que se permita que una baja pueda fraccionarse en varias aportaciones o que, si se anula un expediente de nueva construcción, la capacidad que se retiraba mantenga su vigencia durante 24 meses.