España dicta por primera vez normas para capturar atún rabil en el Índico

Este año, el Gobierno no ha dado pie a un pacto entre caballeros como el que alcanzaron la flota y sus agrupaciones en la pasada campaña para controlar las capturas de atún rabil en el océano Índico, un área regulada por la IOTC (Comisión del Atún del Océano Índico, CAOI, por sus siglas en español). En vista del poco éxito que tuvo aquel acuerdo (pues por incumplimientos de los operadores hubo que cerrar la pesquería en noviembre, antes de finalizar el año), las autoridades pesqueras han echado mano del BOE (Boletín Oficial del Estado) para tratar de hacer posible lo que no se consiguió el pasado ejercicio: que la cuota asignada a España llegue para cubrir los doce meses del año sin rebasarla y, de paso, dar rango normativo a las demás limitaciones acordadas en la IOTC.

Por lo de pronto, la cuota que la UE adjudicó a España -las 45.682 toneladas que en el 2017 se pescaron de forma olímpica- se ha repartido este año individualmente entre las embarcaciones que faenan de forma habitual en aquel caladero, atendiendo a si su capacidad supera o no las 3.500 GT (toneladas de arqueo). Las que están por encima de ese límite podrán pescar 3.591.402 kilos; las que no, dispondrán de 2.825.129.

Para establecer esas cantidades, el Gobierno analizó el número de barcos que tienen intención de pescar túnidos en el Índico en el 2018, su capacidad, y la media de capturas del 2014, el 2015 y el 2016, llegando a la conclusión de que, si quieren permanecer todos en el caladero a lo largo del año completo, es preciso reducir un 17 % esa media de capturas.

Alarmante estado del recurso

Esa contención va en línea con lo pactado en el seno de la IOTC, que, dado «el alarmante estado del recurso», acordó que las partes contratantes pescasen tanto el año pasado como este un 15 % menos de lo capturado en el 2014.

Las autoridades pesqueras españolas dejan claro en la norma que el hecho de poner límites al yellofin del Índico, no quiere decir que se haya implantado un total admisible de capturas (TAC) para la especie. Es más, hace constar que las medidas que están vigentes a partir de hoy son «de aplicación exclusiva» para el 2018. A partir de ahí, se verá. Y aclara en una disposición adicional que las capturas del 2017 y el 2018 no se tendrán en cuenta en caso de un posible futuro reparto de cuotas.

Otra restricción que incluye la norma publicada ayer atañe al número de embarcaciones auxiliares que dan apoyo a los buques atuneros congeladores. En el marco de la IOTC se acordó que los Estados tendrían que presentar planes de reducción de capacidad de estos barcos entre el 2018 y el 2022. Y este ejercicio solo se permitirá un buque de apoyo por cada dos cerqueros congeladores. España dejará actuar a un máximo de seis, a pesar de que la previsión es de que operen 14 atuneros. En la pasada campaña fueron diez.

Otra novedad es que para poder trabajar en el Índico este año, el barco tendrá que disponer de un permiso de pesca especial de carácter temporal, que el Estado expedirá a las empresas que lo soliciten en el plazo de un mes.

Estrangulamiento

Lo dispuesto en la orden que regula la pesca en el rabil convierte a este túnido en una auténtica especie de estrangulamiento, pues la orden recoge que, «una vez alcanzado el límite de capturas» de cada empresa, y «dada la imposibilidad de evitar la pesca de rabil en la actividad de cerco sobre túnidos tropicales», el buque o buques se dirigirán a puerto y se le cerrará la pesquería. Y si un barco decide abandonar el caladero antes de finalizar la temporada, la cuota que resta se distribuirá proporcionalmente entre los demás.

Casi medio millón de toneladas de la flota española llevan el sello de pesca responsable

Todas las capturas que realizan los barcos adscritos a Opagac (Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores) ya están certificadas como Atún de Pesca Responsable (APR), que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma española UNE 195006, la única del mundo que garantiza las mejoras prácticas en la triple vertiente socioeconómica, medioambiental y de control.

En total, son 400.000 las toneladas de atún tropical las que están respaldadas por el sello, una cantidad que supone el 8 % del volumen mundial de capturas de esta especie. En junio del 2017, ya se habían certificado 39 barcos de Opagac y en diciembre lo hicieron los 7 de la empresa bermeana Inpesca, de los que seis operan en el Índico y uno en el Atlántico.

De esta manera, la patronal Opagac cumple el compromiso adquirido en octubre pasado en el marco de la conferencia Our Ocean, donde anunció que colocaría la distinción a «todas las capturas de sus buques».

La norma UNE asegura el control de la actividad pesquera, las buenas prácticas a bordo de los buques para una pesca responsable, el cumplimiento de condiciones sociales y de seguridad en el trabajo conforme al Convenio 188 de la OIT y el control marítimo y sanitario. Según Julio Morón, director gerente de Opagac, «con la certificación APR, los armadores garantizan a distribuidores y consumidores que sus capturas están respaldadas por los mejores estándares posibles, más allá incluso de las exigencias legales». La siguiente meta es que la norma sirva de referencia en toda Europa.

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