Paraguas para la «tormenta perfecta»

Algo de cierto debe haber en que en la obligación de desembarque que se pactó hace cinco años se ha dejado todo para el final. Solo así se entiende que, ahora, cuando queda poco más de seis meses para que entre en vigor la prohibición de descartes para todas las especies sometidas a TAC (totales admisibles de capturas) y cuotas, surjan tantas y tantas ideas y propuestas de todos los lados: del sector, de la Administración central, de la Administración autonómica y hasta de la mismísima Comisión Europea, esa que en su día espoleó a Consejo y al Parlamento a poner veto al desperdicio de pescado proporcionando tan solo dos flotadores a la flota: esos mínimis de descartes permitidos y la posibilidad de descontar un 9 % contra la cuota de las especies que sí se tienen.

Ahora parece que ha habido una tormenta de ideas para fabricar el paraguas con el que protegerse de la tormenta perfecta, la ciclogénesis que sin duda surgirá al confluir esa obligación de desembarque, con las exigencias de llevar a todas las pesquerías al nivel del rendimiento máximo sostenible (RMS), con un nuevo reglamento de control y otro de medidas técnicas mientras, de paso, la nube negra del brexit planea sobre la pesca en todo el proceso. 

«Swaps»

Desigual intercambio entre países. Una medida consolidada como son los swaps, el intercambio de cuotas entre Estados miembros, parece haber perdido popularidad a medida que se acerca la fecha del 1 de enero del 2019. El director de Desarrollo de Políticas y Cooperación, el gallego Ernesto Penas, dijo el viernes en Vigo que si anteriormente se intercambiaban el 14 % de las cuotas el año pasado ese porcentaje bajó al 12 %, con lo que, lejos de estar facilitando la transición, no ha ayudado nada. Penas apuntó varias razones, como el cierto temor a hacer un trueque en marzo de una especie que después se necesitará en noviembre. O el desconocimiento sobre los cupos que sobran a uno u otro Estado. De ahí que plantease la posibilidad de dar mayor liquidez a ese mercado de cuotas y proporcionar una transparencia absoluta, de forma que toda la industria sepa quién y qué está consumiendo. Fue Rafael Centenera, subdirector de caladero nacional y aguas comunitarias de la Secretaría General de Pesca el que apuntó una pequeña pega: que a España eso no le sirve porque no puede intercambiar bacalao por merluza, porque no está en rendimiento máximo sostenible y, sin embargo, un holandés sí puede cambiar bacaladilla por merluza. A Penas no le quedó otra que admitir que es un paraguas que no sirve en todos los casos. 

Mínimis

Mejor si son combinados. Para la Comisión, la propuesta de mínimis por especies que cada Estado tiene que incluir en los planes de descartes y someter a decisión del Comité Científico y Económico de la Pesca (STECF) puede contribuir a resolver gran parte de los problemas si se utilizan al máximo. Y lo mismo ocurre con las exenciones por alta supervivencia, aunque aquí se precisaría una mayor clarificación, como precisar un porcentaje, un tipo de arte o la profundidad. Los peros aquí llegan de boca de Juan Martín, gerente de la Organización de Productores de Marín, que apuntó que los mínimis son muy inferiores a los que se necesitan, sobre todo en pesquerías mixtas de fondo, y abogó por permitir establecimientos de mínimis combinados, especialmente en esas artes de fondo y en pesquerías pelágicas. A ello sumó Centenera las elevadas exigencias del STECF, al menos con las especies que afectan a España, y solo recuerda un único caso en el que la Comisión desoyese a ese comité y aprobase la excepción propuesta: un 5 % para el caso del bonito del norte. 

Flexibilidad entre especies

En desuso. Si los intercambios de cuota se utilizan poco, la flexibilidad interespecies -esa que permite desembarcar aquellas de las que no se tienen cuota si se descuentan de otras que sí-, no se emplea nada. El mismo Penas es consciente de que cuesta trabajo perder kilos de merluza o de rapante para desembarcar bacalao, pero «hay que explorar todas las posibilidades». Y la Comisión no va a mostrar «simpatía con quien no haya utilizado todos los mecanismos. Claro que si lo que hay que descontar contra la merluza es el ochavo... Esa especie de la que España no quiso cupo cuando se repartió porque no le interesaba y ahora se la encuentra como una de sus peores especies de estrangulamiento. Por eso desde el sector, Juan Martín apunta la necesidad de aplicar un factor de conversión para que ese 9 % de flexibilidad interespecies no sea igual si se trata de una merluza o un bacalao o de una bacaladilla. 

Los «tops up»

Adicionales al TAC. El representante de la Comisión criticó que los denominados tops-up -la cantidad adicional que se añade al TAC para cubrir los descartes- se están usando para aumentar la mortalidad por pesca, con lo que aleja el horizonte de alcanzar el RMS, que tiene como fecha límite el 2020. Además, en un sistema de estabilidad relativa, se da más top-up al país que más cupo tiene y no se resuelve el problema del que tiene cuota cero. Claro que la cosa cambiaría si esos tops-up se empleasen solo para cubrir los descartes y no a la pesca dirigida, como plantea la Administración española. Porque ¿qué va a hacer una flota palangrera selectiva que apenas tiene descartes con la cantidad adicional de merluza más que pescarla? 

Estabilidad relativa

Retoques sin cambios drásticos. Penas rayó en la herejía al hablar, no de modificar la estabilidad relativa, pero sí de cambiar la clave de reparto en algunas especies. Se atrevió incluso a sugerir que se podría retirar el TAC al ochavo, para sorpresa de sector y sobresalto de la Administración. 

Intercambios

De tú a tú entre armadores. Del sector también llegan propuestas. Juan Martín plantea la necesidad de seguir progresando en la gestión individualizada de cuotas, facilitar los intercambios de especies de tú a tú con armadores de otros Estados miembros sin trabas de la Administración, facilitar los estudios para definir especies de alta supervivencia e, incluso, introducir cambios en las tallas mínimas para especies que se capturan a pesar de haber aumentado la selectividad, porque si al principio del proceso el sector ironizaba con que la red no tenía ojos para esquivar las especies que no interesan ahora «se los están poniendo». 

Hacia el hambre cero

Los descartes, que vayan a consumo humano. A juicio del sector, que las especies que no dan la talla mínima no puedan ser destinadas a consumo humano se contradice con el objetivo de la FAO de conseguir el hambre cero. Por eso creen que debe recogerse la posibilidad de incorporar proteínas marinas a través de los descartes. 

La bajura, exenta

La interpretación de España. Por más que la Comisión no lo vea, Rafael Centenera expuso en Vigo que hay una forma de leer el artículo 15 que da pie a dejar a la bajura fuera de la obligación de desembarque. A juicio de la Administración española, el texto jurídico hace una gestión, no por especies, sino por pesquerías y regiones, y especifica que lo que no está ahí englobado queda afectado por el artículo 15.1, que deja a decisión de los Estados miembros a qué pesquerías se aplica la obligación. Eso es lo que permitiría a España dejar a la flota artesanal al margen. Al menos por ahora. Más adelante, ya se vería. Más o menos como han hecho los noruegos. 

Esfuerzo pesquero

Aportación autonómica. Las ideas para sortear la tormenta perfecta también tuvieron sello gallego. El que le puso Rosa Quintana, conselleira de Pesca, en la clausura de la conferencia internacional sobre avances en la gestión de los descartes. Insistió en que la aplicación de un «obxectivo loable», pero que puede dejar «múltiples heridas» en el sector, requiere una implantación progresiva. Quintana recuperó la propuesta de regular la actividad extractiva a través del esfuerzo pesquero, en lugar de a través de los TAC y cuotas, un sistema que alienta el descarte. 

Control

Incentivos a las cámaras a bordo. Lo cierto es que, en conclusión, la obligación de desembarque no tiene marcha atrás. Y la sensación del sector de que es posible todavía revertir esa norma puede que venga de que no se está siendo demasiado exigente con el cumplimiento. Una auditoría hecha por la Comisión Europea reveló que «ningún Estado está controlando a fondo la obligación de no descartar», dijo Penas. Pero eso es porque Bruselas está dando un margen de tolerancia y comprensión que no va a durar eternamente. Así que se van a introducir elementos de control y se van a exigir resultados. Ernesto Pena planteó la posibilidad de incentivar a través de un sistema de bonus la instalación de cámaras a bordo para monitorizar los descartes.

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