Costas trata de calmar a la industria gallega del mar asegurando que contará con ella para cambiar la ley

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) renovó ayer su compromiso de contar con el sector de la industria alimentaria marítima de Galicia en la reforma de la Ley de Costas. Fueron la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro, y la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol, quienes reiteraron por videoconferencia esa promesa a los representantes de la cadena mar-industria, sobresaltados tras darse de bruces con un artículo 18 que alude a las concesiones en la ribera marina en la Ley de Cambio Climático. Oroño y Pérez expusieron a estos empresarios los motivos «por los que no hay razón para la preocupación del sector en general, ni del gallego en particular», según dice el Miteco en un comunicado.

Si no hay motivo para la inquietud es porque «el Gobierno es consciente de la importancia de este sector para el tejido social y empresarial en todo el país y, en particular, en Galicia». Y este debe «desarrollar su actividad de manera acorde a la naturaleza del sustrato físico que la soporta, ya que no es posible garantizar la seguridad jurídica de ninguna actividad si no está garantizada la seguridad física de la misma y del lugar en el que se ubica, máximo si ese lugar es nuestro litoral, tan expuesto a los efectos del cambio climático». Precisamente por eso es conveniente que los usos de la costa estén cuando menos citados en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que debe aludir «a la incorporación de la variable clima a la planificación y gestión del dominio público marítimo terrestre, sin perjuicio de que la futura reforma de la legislación de Costas aborde esta cuestión».

Cuando eso toque, el ministerio «seguirá trabajando con todos los sectores en una regulación adecuada de las actividades del litoral», añade el comunicado.

Duración de las concesiones

En cuanto a la alusión que el artículo 18 hace a la duración de las concesiones y sus renovaciones, Transición Ecológica señala que esa disposición es coherente con la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y «respetuosa con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que vino a declarar que dicha ley tiene carácter básico y establece un plazo máximo de 75 años improrrogable». Ahora bien, el ministerio señala que ese plazo «carece de impacto económico para el sector por la sencilla razón de que no le afecta». Recuerda que la normativa sectorial en vigor fija plazos inferiores a los 75 años para estas actividades». Y como el polémico proyecto no hace mención a plazos ni a usos concretos, los empresarios de la cadena mar industria no deberían preocuparse.

Quizá no deberían, pero lo hacen. Ni siquiera el foro de ayer sirvió para despejar temores, según Roberto Fariña, presidente de los depuradores.

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