Medio centenar de embarcaciones se concentraron en O Parrote en protesta por la imposición de GPS y registros electrónicos mientras un grupo de trabajadores reclamaba delante de la Casa del Mar compensaciones por el dragado de O Burgo
26 mar 2021 . Actualizado a las 14:38 h.Marineros de bajura y mariscadores de la ría se concentraron este viernes en A Coruña en sendas movilizaciones para protestar por la reforma del reglamento de control europeo que obligará a instalar GPS en todas las embarcaciones de más de 4 metros de eslora y, en el caso de los trabajadores a pie, para reclamar compensaciones por el cese de actividad durante los dos años que se prolongarán los trabajos de dragado y la regeneración de los fondos de O Burgo.
En O Parrote medio centenar de embarcaciones llegadas desde el muelle de Oza hicieron sonar sus bocinas en contra de la propuesta de modificación del reglamento comunitario de control que obligaría a los barcos de entre 10 y 15 metros a registrar sus capturas de forma electrónica. «Para a flota artesanal é inviable», apuntó Felipe Canosa, patrón mayor de la Cofradía de A Coruña. Los pescadores también rechazan la imposición de un sistema GPS a todas las embarcaciones de más de cuatro metros de eslora y colocaron pancartas a bordo de denuncia: «Somos pescadores, no delincuentes».
En la Casa del Mar, Manuel Baldomir, portavoz de los mariscadores de O Burgo, denunció el último plante de la Xunta, que canceló la reunión a la que se había comprometido la conselleira do Mar, Rosa Quintana, después de que los trabajadores enviaran una solicitud de amparo a la valedora do Pobo. «Chegounos unha convocatoria de xuntanza pero onte tivemos a mala sorte (entre comillas, porque parece de risa) de que a primeira hora nos din que se suspende e non nos dan unha nova data», explicó Baldomir, que calificó de «irrisorio e abusivo» que la Xunta y el Estado «se pasen a pelota mutuamente» para evitar asumir las compensaciones que reclaman los 80 trabajadores durante el tiempo que no podrán bajar a faenar.
Dos documentos oficiales, uno autonómico y otro estatal, descargan la responsabilidad sobre las indemnizaciones en la otra Administración. «Ímolos enviar a Bruselas para engadilos á denuncia que sigue aberta a través da eurodiputada do BNG Ana Miranda -señaló el portavoz-, e que en Europa saiban como se están a rir dos traballadores en vez de buscar solucións».
Los mariscadores de O Burgo calculan que a los 26 meses que durarán las obras de dragado de la ría de O Burgo tendrán que sumar el tiempo que tarden los sendimentos en asentarse en el terreno, y el producto que se siembre, en alcanzar talla comercial. «Podemos estar falando de tres anos. Quen pode aguantar tres anos sen traballar», denunció Baldomir, que consideró «lamentable que nos manden para casa desamparados cunha man diante e outra detrás, e sobre todo, a Xunta, que nos tutela».
Concentrados delante de la Casa del Mar, los trabajadores amenazaron con tomar medidas más drásticas si no se atiende su petición, formalizada en una proposición no de ley del BNG, para que se elabore un informe jurídico que dilucide a qué Administración le corresponde tramitar las compensaciones, de 1.420 euros por mariscador. «Pedimos a base reguladora pola que estamos cotizando. E non serían limpos, porque nós pagariamos a Seguridade Social, e quedarían 1.100 que é o salario mínimo profesional… estamos pedindo un mínimo para subsistir», subrayó Baldomir.