En su día, para evitar que el mercado comunitario de la leche y sus derivados colapsase -incrementando sin medida las sobreinversiones en prados, vacas, y ordeñadoras-, se estableció la controvertida cuota láctea. Tras treinta años de intervención, tras un proceso de concentración, y supuestamente alcanzado un aparente equilibrio socioeconómico interregional, desaparecieron. La producción de leche depende ahora de las «fuerzas del mercado».
En la pesca y en estos lares, a partir de ese precedente en el sector primario, a veces parece que se pretendiese crear una ilusión y establecer cierto paralelismo para justificar intereses cortoplacistas y, en todo caso, espurios, para proclamar la ineficiencia de las cuotas de pesca y cuestionar su mantenimiento como parte de las claves de gestión de los recursos pesqueros, renovables y, por tanto, infinitos si son explotados a niveles racionales.
Se generan titulares estupendos: la permanente crisis y problemática de la industria extractiva pesquera se debe únicamente al sistema de gestión. Promocionar y sugerir que los problemas de la industria tienen únicamente causas exógenas es un like garantizado.
Nada más lejos de la realidad. En la FAO, ya en los noventa, abordaron y definieron el problema a su manera. El Código de Conducta para la Pesca Responsable fue elaborado en respuesta a los indicios de sobreexplotación de algunas poblaciones de peces. Se recomendaron nuevos enfoques para que la ordenación pesquera incluyese consideraciones sociales, económicas, ambientales y de conservación. En resumen, concluyeron que se necesita una hélice de cuatro palas para propulsar una industria pesquera extractiva sostenible.
Veamos cómo nos ha ido en casa, al norte del paralelo 48.
En la flota de Gran Sol, los derechos individuales de producción se reconocieron en los años ochenta a 415 buques en base a su asiduidad en esos caladeros. Posteriormente, en los noventa, una vez integrados en la entonces Comunidad Europea, un máximo de 150 fueron autorizados a faenar simultáneamente en esas aguas. Como firmó en su día el ministro de Pesca de turno, fue necesario «racionalizar esta flota» permitiendo a las empresas armadoras acumular días de pesca «para que sean más rentables las unidades que continúen en actividad».
Nació el mito, la Lista de los 300. En aquellos momentos la única preocupación se centraba en garantizar la máxima presencia en la mar de los buques y capturar «o que o mar dera». Con esa base, y en el transcurso de los años, se produjo una concentración de derechos de pesca; afortunadamente, en pymes familiares y organizaciones de productores que siguen manteniendo la actividad económica íntimamente ligada al territorio donde se ubican.
En el proceso, las empresas armadoras menos eficientes, las carentes de relevo generacional, así como las menos organizadas, sucumbieron y desguazaron buques. Eso sí, previa, o paralelamente, transferencia pública de sus derechos de pesca por un precio. Hoy en día apenas se alcanzan los noventa buques supervivientes. Inversamente a como ocurrió en sus orígenes, ahora la actividad, los días de pesca, vienen determinados por la disponibilidad de cuotas, y no al revés.
Y, sin embargo, pese al proceso de reestructuración, en estos últimos años las cuotas de pesca siguen siendo insuficientes para algunas empresas -en otro momento, si es el caso, reflexionaremos sobre el porqué-. Paradójicamente, otras disponen de aparentes excedentes.
Ante este escenario, desde fuera parece lógico plantearse por qué de cara a esos excedentes las empresas con esos derechos de pesca no han introducido nuevos buques para explotarlos y rentabilizarlos económicamente. Sus dueños, tras años de trabajo, inversiones y sacrificios, arriesgando incluso el patrimonio familiar y personal, deberían tender a ello: han reinvertido sus beneficios o se han endeudado contribuyendo a la adecuación de la capacidad de la flota a los recursos disponibles.
Para unos, la respuesta intuitiva y rápida es: paper fish (cuotas de papel). En estos últimos años, el Reino Unido, entre otros, dejaron de pescar un alto porcentaje de sus cuotas de merluza. Si toda esa producción no se extrajo de la mar, seguro que no fue por razones especulativas de salón de sus armadores, pues siguen teniendo a su disposición un mercado como el nuestro con capacidad para absorberla.
Para otros, es innecesario cualquier análisis o búsqueda de las causas o solución a los excedentes de cuotas de unos y a las permanentes carencias de otros. Sus objetivos son distintos, y comienzan por garantizarse a la desesperada el irreflexivo like en las redes sociales. No dudan en difundir las más demagógicas y vendibles fake news: «Sobran cuotas porque acaparadores y pescadores de salón se las guardan». «Debemos redistribuir los sobrantes a las empresas que menos derechos tienen». «Los informes científicos no son fiables».
Y, aun así, parece que pueden llegar a tener su eco en la gestión pesquera.