Cinco espaderos de Burela demandan al Estado porque Transición Ecológica les impide vender dientuso que Pesca les permitió capturar
30 abr 2021 . Actualizado a las 22:40 h.Por ineficaz para la protección del recurso y porque perdjudica a la flota, la Unión Europea (UE) ha censurado el veto de España a la venta de 90.000 kilos de marrajo dientuso capturados el año pasado por espaderos con autorización de la UE y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero retenidos en congeladores porque el Ministerio de Transición Ecológica les impide comercializarlos. Un dictamen jurídico encargado por la Consellería do Mar a la Universidade de Santiago y firmado por el profesor de Derecho Administrativo Luis Míguez Macho concluye que es una «decisión arbitraria e contraria ao ordenamento xurídico». Por ese enredo, cinco espaderos de Burela asociados a la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, le reclaman 205.000 euros al Estado español por responsabilidad patrimonial.
No son todos los armadores damnificados y la demanda administrativa se refiere a 50.000 de los 90.000 kilos de dientuso pescados legalmente por barcos de Burela, Celeiro, Marín, Vigo y A Guarda en el Atlántico Norte. Los que han dado un paso al frente en defensa de sus intereses intentan que España les resarza por el valor estimado, aplicando el precio medio anual, más el coste del almacenamiento en cámaras frigoríficas. Quedan pendientes, explica Productores Pesqueros de Lugo en un comunicado de prensa, el lucro cesante y los gastos financieros.
La reclamación la han presentado ante Pesca, Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Desde Productores Pesqueros de Lugo, cuyo gerente es Sergio López, concretan las causas principales. Una, «la continua contradicción y descoordinación entre los tres ministerios». Dos, España en ningún momento limitó la pesquería de marrajo en el Atlántico Norte, lo que, por otra parte, contradeciría la autorización de la UE en base al reparto acordado por la Comisión Internacional para Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, en sus siglas en inglés), aspecto este que es el tercer argumento de los armadores. Y el cuarto motivo lo justifican con la evidencia constada por la UE. «No tiene sentido», razonan, prohibir la venta de pescado capturado legalmente, ni siquiera invocando la protección de la especie, cuando ya está procesado porque «lo único que se consigue es un perjuicio a las empresas».
Todo deriva de la limitación impuesta por Transición Ecológica al comercio internacional del marrajo dientuso. De los 940.000 kilos que España podía capturar en el Atlántico Norte, solo autorizaba la venta de 350.000 porque la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, en sus siglas en inglés) acordó reforzar los controles en las ventas de esa especie, pero no prohibirlas.
Desde Productores Pesqueros de Lugo advierten que los perjuicios económicos causados a los armadores «todavía pueden empeorar» en el caso de que los obliguen a destruir el pescado listo para consumir, pero cuyo valor comercial desciende a medida que pasan los meses. De ahí que insistan en solicitar al Estado español «el desbloqueo de la comercialización de este marrajo ya capturado, desembarcado y almacenado, concediéndonos la autorización correspondiente».
