Recientemente observamos tres casos en conflicto ambiental, con diferente impacto y causalidad. Encontramos un debate de gran alcance en la propuesta de ampliación de El Prat, aeropuerto de Barcelona. En ella confluyen la construcción del segundo nudo ibérico de comunicaciones aéreas, donde, al amparo de un área protegida como es la laguna de la Ricarda, se plantea un debate sobre la oportunidad del transporte aéreo, sus costes de contaminación e incluso su eficiencia energética. Hasta situar el debate en el modelo económico y de gestión territorial de futuro en la Península Ibérica, la laguna de «la Ricarda» por medio.
Asombra que, conociéndose de viejo los valores económicos y ambientales del Mar Menor, se haya logrado, por dos veces en tres años, el colapso ambiental. Un colapso bien conocido en sus orígenes y en sus causas, establecidos en un aporte masivo de nutrientes debido a la actividad agrícola, añadido a las limitadas capacidades de las depuradoras urbanas, la explotación de acuíferos ilegales y sus desalinizadoras que vierten los restos al Mar Menor. Escándalo ambiental que bien podría acabar, dado el deterioro agravado, como A lagoa de Antela sesenta años después, para cultivar patatas.
La reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre la prórroga de Ence Pontevedra probablemente no hubiera sucedido sin las movilizaciones de las organizaciones ecologistas. Esa larga batalla ambiental en la ría de Pontevedra logró éxitos olvidados, como la erradicación de la fábrica de cloro-sosa, los cambios y mejoras tecnológicas en la pastera de Lourizán, con una cierta reducción de su impacto ambiental, y, por último, la batalla legal sobre la caducidad o perennidad de una concesión de terrenos de dominio público. Batalla que pervive a expensas del Supremo u otra estrategia como asimilar esos terrenos costeros a zona portuaria para sustraerlos a la ley de costas. Pero además, la costa gallega y las rías han padecido un persistente y extendido problema ambiental derivado del vertido de aguas residuales urbanas y, más acotado, también de contaminación industrial. Para ambos problemas ha habido denuncias y sanciones, bien de la Unión Europea, por la mala o inexistente depuración de las aguas residuales, bien de la Guardia Civil (Seprona) o de la Fiscalía en aquellos casos que se pudieron establecer el origen y los efectos de la contaminación industrial, que existe. Incluidos los aportes alterados de los ríos que dan al mar. Y ahí seguimos: siendo mar, pero sin cuidarlo.
Construir un nuevo paradigma con la ecología como input de la calidad de vida y de la economía es un largo proceso inacabado con intereses contrapuestos y no siempre acertadamente aquilatados. Intereses que inciden en las políticas y posiciones de gobiernos y administraciones, pero también en las posiciones de agentes sociales y económicos. Por más que lo absurdo sea rehuir el debate -«cala, non digas nada»-, lo que impide conocer la realidad e incluso aceptar posiciones contrarias.