Los mariscadores de O Burgo convocan a la Xunta y el Gobierno para desencallar las compensaciones
SOMOS MAR
Anuncian medidas de presión si no hay acuerdo antes de que se inicie la obra, cuya adjudicación ha sido recurrida y está pendiente de resolución
01 oct 2021 . Actualizado a las 16:00 h.La Cofradía de Pescadores de A Coruña ha convocado a la Xunta y el Gobierno central a una reunión en la sede del pósito el 19 de octubre a las 11.00 horas para tratar de desencallar el acuerdo de compensaciones económicas a los mariscadores afectados por la obra de dragado y regeneración de la ría de O Burgo.
Los trabajadores, que no bajan a los bancos desde el inicio de la pandemia, no han conseguido avances en su lucha por una partida que no supera los 2,5 millones de euros para afrontar los 26 meses de inactividad que durará la obra, según explicó este viernes en la dársena de Oza Felipe Canosa, patrón mayor de la cofradía.
La ría ocupa a 40 mariscadores a pie y 25 a flote -en la década de los 80 superaban los 2.000-, que están dispuestos afrontar el pago de las cuotas a la Seguridad Social siempre que el Gobierno o la Xunta aporten las cuantías de la base reguladora de cada uno, que sumarían 1,2 millones de euros al año. De no ser así, el sector extractivo llevará adelante medidas de presión. «Negámonos a retirar a cría dos bancos e desde logo non imos deixar entrar as máquinas. Non pensamos marchar para casa vendo como as Administracións xogan co futuro das familias», señaló Manuel Baldomir, representante de los mariscadores a pie y portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ría.
La obra de dragado, licitada en 48,5 millones de euros financiados al 80 % por la Unión Europea, fue adjudicada en julio pasado por 32,2 millones a una unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Acciona y Matías Arrom Bibiloni. El contrato, sin embargo, fue recurrido por una de las diez empresas que presentaron ofertas y, de acuerdo con los cálculos de los mariscadores, hasta noviembre no se conocerá el fallo del Tribunal Administrativo Central que permitirá resolver la adjudicación definitiva por parte del Ministerio de Transición Ecológica. De confirmarse Acciona, quedarían 16 millones de euros, a los que se refirió Felipe Canosa: «No podemos entender de ninguna manera que habiendo ese sobrante de capital haya tanto problema para asumir las compensaciones, porque sobran con mucho para sufrar el mantenimiento de esta gente», indicó el patrón mayor.
En este contexto, y con la urgencia de iniciar las obras antes de que acabe el año para no perder los fondos europeos, el desacuerdo sobre las compensaciones se ciñe a la cuestión de qué Administración debe asumir el pago. Un informe elaborado a instancias de la Xunta por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago Luis Míguez concluye que corresponde al Gobierno hacerse cargo de la indemnización por la parada extractiva. «En Madrid echan balones fuera», agregó Canosa, que advirtió el riesgo de quiebra que corre el propio pósito por la pérdida de ingresos derivada del parón, valorada en 50.000 euros anuales.