El Tribunal General europeo reprochó en septiembre al bloque no haber buscado el «consentimiento del pueblo saharaui»
20 nov 2021 . Actualizado a las 11:48 h.Dentro del plazo de dos meses y sin mucho ruido mediático; con un ok prefijado y no abierto a más discusiones, perdido en la agenda de los ministros y altos funcionarios de Asuntos Exteriores que se reunían en Bruselas para debatir sobre políticas de Desarrollo. Así se pulsaba este viernes el botón verde a la presentación de un recurso en bloque que tendrá como destinatario el Tribunal General de Luxemburgo. Y como objetivo, restablecer los acuerdos comercial y de pesca suscritos con Marruecos que esta misma sala tumbó el pasado 29 de septiembre.
Lo hizo con un argumento de base muy claro: ni la UE ni por supuesto Marruecos habían tenido en cuenta la opinión del Sáhara occidental, territorio en proceso de descolonización, considerado oficialmente como no autónomo por Naciones Unidas desde 1963. Lo que dijo la Justicia europea es que el arreglo económico entre Bruselas y Rabat (formalizado en el 2018), había dejado sin voz a un tercer actor. Sobre el que el régimen alauita, además, reclama una soberanía que ni la comunidad internacional ni la propia UE reconocen. En definitiva, que el Tribunal General volvía a asumir las tesis del Frente Polisario, al que reconocía como representante «del pueblo saharaui». Y lo hacía respaldando dos de sus argumentos clave. El primero. Que la UE incumplió las obligaciones «en el marco de sus relaciones con Marruecos en virtud del derecho de la Unión y del derecho internacional al haber aprobado los acuerdos controvertidos, sin el consentimiento de dicho pueblo». Y segundo: lo pactado incluía expresamente «la explotación de los recursos naturales (del Sáhara occidental)», favoreciendo «la política anexionista de Marruecos sobre dicho territorio».
Esta sala de primera instancia (por debajo del TJUE) sí dio en cualquier caso, margen. Ante el impacto económico potencial de su decisión permitió «durante un cierto tiempo» y para «preservar la acción exterior de la Unión Europea y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales» que los acuerdos siguiesen operativos.
Y así viene siendo hasta la fecha. Y así seguirá siendo durante un tiempo indefinido. Porque el período de gracia se extenderá automáticamente con la presentación del recurso de la UE, que mantiene vivo el contencioso judicial. Garantizar la «estabilidad comercial» El paso se decidió a mediados de esta semana cuando los embajadores permanentes de los Veintisiete en Bruselas acordaron seguir dando la batalla en los Tribunales. Y ayer fueron sus jefes los que refrendaron la estrategia. Que ya se veía venir. Porque tanto Marruecos como la propia UE, en esa relación interesada con fases de convulsión, reaccionaron de la mano en septiembre con un comunicado conjunto en el que se comprometían a tomar «las medidas necesarias» para garantizar la «estabilidad comercial» al tiempo que subrayaban su voluntad de «cooperación en un clima de serenidad y compromiso».
En el recurso, que debería presentarse como muy tarde el 16 de diciembre, la UE tendrá que hilar fino. Porque ya en su día la Justicia europea afeó su conducta y la desarmó de argumentos. Primero le reprochó la firma per sé cuando antes ya había sido denunciada por el Frente Polisario e incluso existía un fallo a su favor que obligaba a que cualquier pacto UE-Marruecos tuviera en cuenta la opinión de los saharauis.
Luego no asumió su tesis de que el Frente Polisario carecía de personalidad jurídica para enfrentarse a la Unión Europea. Pero, además, consideró insuficientes los contactos que mantuvieron las autoridades comunitarias con las poblaciones directamente afectadas antes de que se sellase el arreglo. «Los diferentes elementos relativos a la situación particular del Sáhara Occidental invocados por el Consejo no demuestran que fuera imposible en la práctica obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental respecto de los acuerdos controvertidos, en su calidad de tercero respecto de los mismos», se reflejaba en el escrito judicial.
Porque, al margen de beneficios arancelarios para la importación de productos Made in Morocco, el dossier pesquero, clave en la relación bilateral, incorpora los caladeros saharauis, en los que se realizan en torno al 90% de las capturas. El compromiso contempla además el pago de 52 millones de euros a Marruecos por los cuatro años de autorización de pesca en esas aguas, que dan acceso a un total de 128 barcos europeos, 92 de ellos españoles (5 gallegos).