La Audiencia Nacional investiga si hay responsabilidad penal en el hundimiento del Villa de Pitanxo
SOMOS MAR
La declaración del superviviente de Ghana, Samuel Koufie, difiere de la aportada por el patrón y su sobrino, los otros tripulantes rescatados. De prosperar la instrucción judicial implicaría un delito de homicidio por imprudencia por cada uno de los 21 marineros fallecidos o contra los derechos de los trabajadores
05 mar 2022 . Actualizado a las 21:48 h.La Audiencia Nacional, a través del Juzgado Central de Instrucción número 1, de guardia esta semana, recibió el miércoles las diligencias que inician la investigación que determinará si hubo responsabilidades penales en el hundimiento del pesquero gallego Villa de Pitanxo. Las circunstancias del naufragio, en la madrugada del 15 de febrero a 250 millas de la costa canadiense de Terranova con una tripulación de 24 hombres y solo tres supervivientes, serán analizadas por el juzgado que determine a reparto la Audiencia Nacional en los próximos días, confirman a La Voz fuentes del tribunal con sede en Madrid. Las diligencias aportadas proceden de la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra e incluyen el testimonio del tripulante superviviente natural de Ghana, Samuel Koufie.
La declaración oficial de Koufie, según las mismas fuentes, contradice las versiones aportadas por los otros dos supervivientes del Villa de Pitanxo tras ser rescatados: Juan Padín, patrón del pesquero, y su sobrino, Eduardo Rial, ambos de Cangas. No ha trascendido si ellos ya prestaron declaración ante la Guardia Civil para ratificar o variar lo manifestado ante las autoridades canadienses, primero, y españolas, después, al regresar al país. La declaración de Koufie difiere sobre lo ocurrido en las horas previas al hundimiento y en qué circunstancias se consumó el naufragio del Villa de Pitanxo, que estaba faenando con las redes echadas en el momento de irse a pique.
Las incógnitas sobre lo aportado por Koufie su declaración son numerosas: en qué circunstancias se paró el motor, la ubicación de cada tripulante, cuántas horas llevaban trabajando, la evolución de las condiciones adversas del mar en las horas previas al hundimiento, si se cumplieron las normas de seguridad laboral o si, al menos, tuvieron tiempo de vestirse las equipaciones salvavidas. La investigación que está por venir podría implicar, según la normativa jurídica del Código Penal, dos delitos.
El principal, y más grave, supondría homicidio por imprudencia. Dado que fallecieron 21 tripulantes, de prosperar la investigación en forma acusación, se aplicaría un delito por cada difunto. También se podría concluir la comisión de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Incluso está por ver cómo se gestionó a bordo del Villa de Pitanxo la existencia de contagios por covid entre los tripulantes, ya que en algunos de los cuerpos rescatados en aguas de Terranova se constató la presencia del virus.
Uno de los responsables de los presuntos delitos a investigar sería el máximo responsable de la tripulación, Juan Padín, patrón del Villa de Pitanxo. A mayores, de constatarse que la armadora, Pesquerías Nores Marín, dio instrucciones que acarrearon el hundimiento del barco, también sería acusada. En ese caso, habría que constatar qué persona dio esas indicaciones o si, de haber negligencias, fue decisión única del patrón. A mayores, y de confirmarse alguna negligencia que facilitase el hundimiento de este barco de 50 metros de eslora, se complicaría el cobro de su valor por parte de la aseguradora.