La Xunta dice que la tesis de Costas sobre las depuradoras de Cambados amenaza a más de un centenar de empresas
SOMOS MAR
Acusa a Transición Ecológica de invadir competencias de la comunidad autónoma y dejar los puertos gallegos discriminados con respecto a los de interés general
11 may 2022 . Actualizado a las 19:58 h.Si necesitaba más argumentos, ahí los tiene. La Xunta ha visto en el informe que la Dirección General de Costas ha emitido sobre el plan especial de Cambados —que deja caer que no se renovarán las concesiones de tres depuradoras ubicadas en terreno de Portos de Galicia— una prueba más de que Transición Ecológica tiene la intención de retirar las edificaciones de todo el dominio público marítimo-terrestre, sea este natural o portuario. Ha visto eso y el enésimo intento de invadir sus competencias por parte del ministerio de Teresa Ribera.
Si desde ese departamento siempre tacharon de alarmista al Ejecutivo gallego, la Consellería do Mar ve confirmado así lo que lleva más de tres años denunciando: «Os plans do Executivo estatal poñen en risco máis dun cento de empresas do complexo mar-industria e outras case 4.000 edificacións do litoral, así como actividades portuarias como poden ser a acuicultura ou a depuración de produtos frescos do mar, tradicionalmente permitidas e recollidas nas delimitacións de espazos e usos portuarios (DEUP) en vigor».
Y todo eso lo aprecia sin haber siquiera acabado de analizar en profundidad el documento cuñado en Costas. Una lectura preliminar es suficiente para sostener que Transición Ecológica retuerce la Ley de Costas aplicando interpretaciones restrictivas de una normativa que no ha sufrido modificaciones, creando inseguridad jurídica y poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas. Como también llega con una simple ojeada al texto para apreciar la «pretensión por parte do Ministerio para a Transición Ecolóxica de invadir competencias e de interferir na xestión ou explotación dos servizos portuarios da comunidade autónoma», según la Xunta. En este sentido, Mar recuerda que a Galicia le corresponde la utilización, explotación y gestión del dominio público en los puertos autonómicos, tal y como está establecido en la Constitución y en el real decreto de transferencias de 1982, sin olvidar la Lei de Portos de Galicia, que admite usos no estrictamente portuarios, como «equipamentos culturais, recreativos, certames feirais, exposición e outras actividades comerciais e industriais», apunta la Administración gallega.
En definitiva, la Xunta ve en este informe una réplica de lo que hizo «no caso da instalación dunha planta de cría de salmón no porto de Burela, unha actuación totalmente inaceptable e desleal». Ahora bien, «imos defender os intereses de Galicia para que casos como o plan especial de Cambados ou a granxa de salmón de Burela non se repitan e para velar polo futuro da cadea mar-industria, vitais para a economía galega».
