Familias dan dos días al Gobierno para que ordene bajar al Villa de Pitanxo
SOMOS MAR
Insisten en que España está obligada a investigar al margen del proceso judicial
27 jul 2022 . Actualizado a las 04:45 h.Cuando han transcurrido ya más de cinco meses del naufragio del Villa de Pitanxo —ocurrido el 15 de febrero frente a las costas de Canadá—, los familiares de los fallecidos esperaban que el Gobierno tuviese «ya madurada» la decisión de enviar medios para tomar imágenes del pecio y recoger pruebas objetivas que ayuden en la investigación del hundimiento y a establecer recomendaciones para evitar tragedias como la que se cobró la vida de 21 personas. A fin de cuentas, se lo han dado todo masticado: «Con toda la documentación que hemos aportado las familias ha quedado claro que bajar al pecio es técnicamente viable, que no hay impedimentos legales, que es seguro y que el importe económico no es una exageración [unos 400.000 euros]», apunta María José de Pazo, portavoz de las familias de las víctimas del pesquero marinense.
Y, sin embargo, no fue eso lo que escucharon de boca de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con la que ayer se reunieron, y a la que recordaron la obligación que España tiene de investigar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, con independencia de las vías judicial y técnica. Un encuentro en el que también participó la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera; la secretaria general del departamento, María José Rallo; el director general de Marina Mercante, Benito Núñez, y el máximo responsable de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena, además del delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones.
De Pazo no ocultó la frustración de los afectados por lo que interpretan como «una renuncia a obtener pruebas objetivas del naufragio». Máxime cuando, asegura, el propio director de la Marina Mercante —también presente en el encuentro—, observó «lo positivo que sería poder contar con esas pruebas».
Por eso, porque el tiempo apremia -hay que realizar la operación antes de que acabe el verano, y porque hay precedentes de inspecciones de pecios al triple del profundidad de la que se calcula que está el del Villa de Pitanxo, las familias han dado de plazo al Gobierno hasta el jueves para que dé la orden de enviar un robot a grabar los restos del barco. Si para entonces no se ha decidido, recurrirán a «instancias supranacionales»: la Comisión Europea, la EMSA (Agencia Europea de Seguridad Marítima), la OMI (Organización Marítima Internacional)... Sin descartar los tribunales, precisamente por esos reglamentos que le obligan a investigar los accidentes marítimos graves.
Sugerencia a la Ciaim
Fuentes del Ministerio de Transportes explicaron que se trasladó a los familiares la plena disposición del departamento y del Gobierno a «colaborar en cuanto se le requiera en las investigaciones del accidente del pesquero hundido». Ahora bien, insisten en que bajar al pecio y tomar imágenes para averiguar las causas del hundimiento debe solicitarlo la autoridad judicial o la comisión de investigación. «Es en el curso de esos procedimientos cuando el ministerio podría valorar la posibilidad de movilizar medios para acceder al buque. Hasta ahora, esa petición no se ha producido por parte de ninguno de los organismos citados», apuntan.
Con todo, Transportes dará traslado de la reunión a la Comisión de Investigación de Accidentes y Accidentes Marítimos (Ciaim) —a la que los familiares echaron en falta en el encuentro—, incidiendo en la petición de los familiares de acceder a la toma de imágenes del pecio del buque.