Empresas del mar cargan contra el Gobierno porque las expulsa del litoral gallego acortando concesiones
SOMOS MAR
La Xunta valora recurrir el nuevo Reglamento de Costas porque restringe a 75 años las de cultivos marinos y a 30 las de otras industrias
09 ago 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Por lo que califica de un «ataque directo» a la cadena mar-industria, la Consellería de Medio Ambiente prevé que empresas de ese sector «terán que abandonar o litoral» tras consumar el Ministerio para la Transición Ecológica el cambio del Reglamento de Costas que Galicia intentó frenar. La Confederación Mar-Industria Alimentaria carga contra una norma que, entre otros aspectos, limita a 75 años las concesiones de cultivos marinos, reduciéndolas a 50 en inmuebles servicio público «que requieran la ubicación del dominio público y 30 años para el resto de actividades e instalaciones». Es decir, conserveras, depuradoras...
«Totalmente en desacuerdo», desde la confederación que conforman la patronal conservera Anfaco-Cecopesca, Agade (Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos), Apromar (Asociación Empresarial de Acuicultura de España) y el Clúster de la Acuicultura advierten: «No nos resignaremos a ver cómo se va desmantelando progresivamente tanto la actividad productiva como el empleo».
Más inseguridad jurídica
Expresando su «profunda decepción» porque el ministerio que dirige Teresa Ribera «no ha recogido ninguna de las alegaciones relevantes» de la confederación, le reprochan haber «incrementado el nivel de inseguridad jurídica» de las empresas.
No atender su demanda de extender la concesión máxima de 75 años a auxiliares de cultivos marinos o firmas alimentarias de productos del mar «que justifiquen la necesidad de una acometida directa de agua salada», supone confirmar «la intención de retirada del dominio marítimo-terrestre de cualquier actividad económica o empresarial».
Abocadas a desaparecer
El «escaso plazo» de 30 años «detraerá o paralizará cualquier inversión en la ampliación y modernización» de empresas en activo, además de «disuadir cualquier intento» de apertura de nuevas firmas. «Por pura lógica —añade el comunicado difundido por la confederación—, buscarán ubicaciones alternativas en países donde su zona costera se entienda como un sistema complejo donde la sostenibilidad ambiental convive armónicamente con la social y económica».
Al Gobierno español le afean su «estrategia de retirar las industrias de la costa para devolverla a un estado hipotético e irreal el que solo se considerarán los aspectos medioambientales en detrimento de los sociales, económicos y culturales, sin tener en cuenta los costes» para el tejido productivo y el empleo. Omitir esos impactos en plena «contracción económica» abocará a una «amplia representación» de las empresas del sector a «desaparecer del territorio».
Al mismo tiempo que anuncian una ofensiva política e institucional para impulsar «una nueva Ley de Costas o una modificación sustancial» de la vigente, insisten en que para no expulsarlas del litoral bastaría con regular las concesiones de tal modo que cuando venciese una se permitiese ampliarla al adjudicatario inicial u otorgársela o uno nuevo mediante un concurso público.
La Xunta valora recurrir la reforma de la norma estatal
Lamentando que Transición Ecológica y el Consejo de Estado no le remitiesen el dictamen que avalaría el cambio del Reglamento de Costas, desde la Xunta valoran recurrirlo porque «hai base xurídica suficiente», según un informe elaborado por un grupo de investigación de la Universidade de A Coruña «especializado» en la materia.
Queda en manos de los servicios jurídicos del Gobierno gallego, informan desde la Consellería de Medio Ambiente, cuya secretaria general se reunió con el director autonómico de Pesca y miembros del Observatorio do Litoral para evaluar una norma estatal que, con la Ley de Cambio Climático y el Plan Estratégico del Litoral, busca «expulsar da nosa costa toda actividade económica e social sen xustificación técnica algunha».