Quintana pide a la Comisión que recapacite y deje sin efecto la decisión publicada hoy

Las tropelías de Noruega con las cuotas, las consultas con el Reino Unido para fijar las posibilidades de pesca para el año que viene, los planes para la angula... Pero «o que máis nos preocupa é o regulamento que se publicou hoxe sobre as zonas mariñas vulnerables». Al término del Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, la conselleira de Mar, Rosa Quintana, se refirió a la última afrenta a la flota gallega por parte de una Comisión Europea que una vez más está sucumbiendo a la «presión medioambientalista», sin tener en cuenta cuestiones tan mundanas como «a necesidade que temos acreditada de producir alimentos».

Quintana y el presidente autonómico se reúnen hoy con el sector pesquero y confían en que de ahí salga una reacción contundente para poder conseguir «que a UE recapacite e deixe sen efecto este regulamento que acaba de publicar». Porque no se sostiene. «Entendemos que a Comisión non se pode saltar os acordos que nos rexen» y esos pactos, inscritos negro sobre blanco en reglamentos varios de la política común de pesca (PCP) obligan a que «todas as decisións teñan que ir avaliadas cos estudios socioeconómicos correspondentes». En este caso, la conselleira entiende que el Ejecutivo comunitario «adopta un regulamento de execución sen ter en conta ese impacto socioeconómico». Y eso no es lo peor, pues además admite que «nin os datos científicos son suficientes».

Acto unilateral

España, Francia e Irlanda —tres de cuatro Estados miembros afectados por ese reguero de vedas que discurre por sus plataformas continentales—, han solicitado que el asunto se incluya en el orden del día del Consejo de Ministros de Pesca que se celebrará el lunes para reclamar que, una vez que la Comisión disponga del nuevo informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), revise su decisión con urgencia. «España no cejará en su empeño», sostiene el ministro Luis Planas, que apunta que ya en julio pasado había quedado patente que la propuesta del Ejecutivo comunitario «adolecía de rigor científico y hacía una inadecuada aplicación de la recomendación del ICES».

Pero pese a que sostiene que «hay una mejor información científica que la que se ha usado», nada dice de un virtual recurso ante la Justicia. Alude eso sí a una reunión con sector y comunidades autónomas para «analizar los detalles de su aplicación». Y eso no infunde mucha confianza a los afectados.

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