El veto a la pesca de fondo costará 816 millones a la economía gallega y afectará a 4.400 tripulantes
SOMOS MAR
La Xunta exige una moratoria de dos meses en su aplicación
29 sep 2022 . Actualizado a las 04:45 h.La conselleira de Mar, Rosa Quintana, compareció ayer en el Parlamento a petición propia y por solicitud del BNG para informar sobre la estrategia de la Xunta ante el veto de Bruselas a la pesca de fondo, que cifró en un impacto de 816 millones de euros para la economía gallega. También estima que afectará a 4.400 tripulantes; es decir, a cuatro de cada diez profesionales del sector. «Queremos que o sector teña futuro, que siga tendo vida, e para iso imos traballar», terminó, visiblemente emocionada, una intervención en la que alertó sobre el «colapso de moitas outras actividades» que conlleva este veto.
Sobre ese «golpe mortal» al sector, la responsable de Mar calculó que el impacto por tripulante será de unos 24.000 euros anuales, más de 347,5 millones de euros para la flota afectada y unos 816 millones para el conjunto de la economía gallega. Pidió así a la Comisión Europea la aprobación de una moratoria de dos meses a la prohibición de faenar en 87 zonas repartidas entre el norte de Irlanda y el sur de España. «Dado que en novembro se vai revisar esta medida [con nuevos informes científicos], a comunidade pide un período de graza de dous meses, pois retrasala este tempo non provocaría danos irreversibles nos hábitats, pero si pode provocalos na frota», reclamó. Quintana advirtió así que la norma europea «obvia que nas áreas acoutadas se viña pescando desde hai décadas, e mesmo séculos, sen que esa actividade afectase aos hábitats», por lo que lamentó la «urxencia» de adoptar una medida de este calado «tan prexudicial para a frota, sen facer unha consulta previa seria ao sector e aos países afectados».
Recurso de la Xunta
La conselleira insistió en la necesidad de que el Estado español interponga un recurso judicial contra este reglamento y evitar así su aplicación, como ya planteó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la semana pasada tras una reunión con responsables del sector, especialmente después de que Bruselas rechazase paralizar su entrada en vigor. En caso de que el Ejecutivo central decida no presentar el recurso, será la Xunta quien lo haga, si bien reconoció que de ser así contará «con menos posibilidades de prosperar».
Entre tanto, la Xunta continuará buscando aliados para formar un frente común ante la decisión de la Comisión Europea. Mañana se reunirán en Santander representantes de los Gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía para trabajar «da man na defensa do sector». La consellería iniciará también contactos con otras regiones pesqueras europeas afectadas y con representantes del Parlamento Europeo para «tentar frear este despropósito, posto en marcha con datos parciais e sen actualizar».
El Gobierno gallego solicitará además un encuentro con el comisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, Virginijus Sinkevicius, responsable del veto aprobado a las artes de fondo, y también con la directora xeral de Asuntos Marítimos e Pesca, Charlina Vitcheva, para «exponer as consideracións de Galicia sobre este asunto».
Posible rechazo del TJUE
En sus turnos de réplica, tanto BNG como PSdeG mostraron su apoyo a la Xunta en su reclamación a la Comisión Europea. La portavoz de los nacionalistas en esta materia, Rosana Pérez, preguntó qué impide al Gobierno gallego a liderar ese recurso «no caso de que outros non o fagan», a lo que la conselleira respondió recordando sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en las que se rechazaron procedimientos iniciados por regiones al interpretar que no están legitimadas a hacerlo. «Os únicos apoiados para presentalo son os Estados membro», aclaró Quintana.
