Planas confirma en el Congreso que recurrirá al Tribunal de la UE
06 oct 2022 . Actualizado a las 04:45 h.Sin concretar fecha, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, confirmó ayer en el Congreso que España va a presentar recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el reglamento de ejecución de la Comisión Europea que veta a la pesca con artes de fondo 87 zonas a lo largo de la plataforma continental de España, Portugal, Francia e Irlanda en aras de proteger los ecosistemas marinos vulnerables que hay o puede haber. Un total de 16.419 kilómetros cuadrados hasta ahora incluidos en los caladeros tradicionales de unas 500 embarcaciones españolas, en números de la patronal Cepesca: 207 gallegas, en cálculos de la Consellería do Mar.
A reproches de los diputados gallegos Joaquín García Díez (PP) y Néstor Rego (BNG) de falta de contundencia y de agilidad ante un problema que se veía venir desde hace meses, Planas replicó: «Tengan por seguro que el Gobierno va a hacer todo cuanto esté en su mano» para evitar los efectos de esta decisión.
Planas recordó que España, junto a Irlanda, ya manifestó su oposición al proceso votando en contra en el comité consultivo, donde hubo además nueve abstenciones y dos ausencias que llevaron a que no se adoptara un dictamen de opinión a este respecto. Y que en el consejo de ministros de Pesca del día 27 pidió al Ejecutivo comunitario la suspensión de la aplicación del reglamento, a lo que este se negó. «Ahora vamos a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el máximo instrumento jurídico del que disponemos al respecto».
Dos argumentos principales
El recurso se sustentará en dos consideraciones principales, según explicó el ministro. La primera es que está elaborado sobre información científica «insuficiente y anticuada». Es más, la «más moderna disponible estaba sobre la mesa de la Comisión y no la ha tenido en cuenta». Además, en la decisión se han incluido modalidades como el palangre de fondo, que no estaba incluida en el informe del ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar). «Esto es razón suficiente para intentar que en noviembre se revise» el reglamento, algo que se planteará a la Comisión y que se hará «en coordinación con el sector y las comunidades autónomas».
El otro argumento de peso es que en la decisión no se han tenido en cuenta los aspectos económicos y sociales de la medida. «Hay un problema de equilibrio», dijo Planas. Y serio. El Gobierno, como también el sector, «defiende la salud de los fondos de mares y océanos, pero debe ser proporcional a los intereses de nuestros pescadores» y, desde luego, la decisión que ha tomado la Comisión no lo es. Al contrario, es «profundamente desproporcionada e injusta».
Eso al margen de la complejidad de su implementación, pues, recordó el ministro, las 87 zonas incluyen profundidades menores de 400 metros y mayores de 800, por lo que se está intentando clarificar con la Comisión cómo se va a aplicar. Otro motivo suficiente —como España ha trasladado al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca— para aprovechar esa revisión anunciada para noviembre y revertir una decisión lesiva.
A lo que no respondió Planas fue a la pregunta de si habría compensaciones para los pescadores afectados, como demandó Néstor Rego.
Pelear por la suspensión del reglamento
El anuncio de que, finalmente, España va a actuar por vía judicial contra la Comisión fue aplaudido en Galicia por todo el sector —al que no le cabía duda de que se iba a presentar— y por los representantes políticos, que ayer estaban casi todos de visita en Conxemar, donde la pesca exhibe músculo.
En ese escenario, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebró la decisión de España, la única solución que cabía, a su juicio. No obstante, no le ha quedado claro, porque Planas no lo ha dicho, si el recurso iba a llevar aparejada o no la petición de una suspensión cautelar del reglamento de ejecución. «Entendemos que debería ser así», dijo Rueda.
También abogó por la suspensión o moratoria la líder del BNG, Ana Pontón, que consideró positivo el recurso. Desde los pasillos de la feria viguesa, la nacionalista aplaudió la apertura de esa vía judicial contra la decisión de la Comisión Europea, pero reclama más contundencia: «Esixir unha moratoria para que non se poña en marcha este veto inxusto e arbitrario». Pontón señala que, si no se consigue frenar la expulsión, es preciso orquestar «axudas directas á frota» mientras dure ese veto. «Igual que as houbo para outros sectores, haberá que telas para este», sentenció.
El líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, por su parte, instó al PP a actuar por la vía política ante el Ejecutivo comunitario, donde los «populares» tienen mayoría.
