El Gobierno revisará la gravedad de las infracciones en materia pesquera

Capturar especies por debajo de la talla comercial establecida o ejemplares ovados está calificado en España como una infracción grave en materia de pesca. Anotar en el diario electrónico de un barco (DEA) una cantidad diferente de la que se ha capturado también, por más que el patrón se haya equivocado involuntariamente al escribirlo. Y a pesar de que no hay proporcionalidad entre una y otra, ambas se traducen en lo mismo: la imposibilidad de acceder a fondos comunitarios e, incluso, tener que devolver todos los recibidas los cinco años anteriores a la resolución del expediente de infracción.

Esa era una de las quejas del sector pesquero español, que sostiene que es uno de los que se enfrenta a sanciones más elevadas. Incluso el Tribunal de Cuentas de Auditores de la UE llamó la atención sobre la falta de proporcionalidad entre países y que infracciones que en España se sancionaban con 7.000 euros se castigaban con 200 en Chipre, Lituania o Estonia.

Corregir esa falta de proporcionalidad con un cambio en la calificación de las sanciones es uno de los objetivos que busca el Ministerio de Pesca con el anteproyecto de ley de modernización del control y la inspección, y la lucha contra la pesca ilegal, que ayer aprobó el Consejo de Ministros en primera lectura.

Según explicó en un comunicado el gabinete que dirige Luis Planas, el texto legal «revisa y moderniza los sistemas de control e inspección como garantía del cumplimiento de la política común de pesca (PCP)». Al mismo tiempo, busca «reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada» (IUU, por sus siglas en inglés), así como «flexibilizar y modernizar el régimen de infracciones y sanciones en materia pesquera, garantizando el principio de proporcionalidad del régimen sancionador» que tanto esperan en el sector.

España pretende alinear sus multas con las que aplica el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Para eso introducirá «flexibilidad en la tipificación de las conductas infractoras, mediante el establecimiento de una serie de criterios siguiendo así el sistema planteado en la reforma del Reglamento de Control en curso», explica.

Otra novedad que resalta el Ministerio de Pesca sobre el texto es que regula por separado planes de control e inspección anuales e incluye acciones para implementar la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías en los esquemas de control. También establece con mayor claridad las facultades de los servicios de inspección, las posibles colaboraciones con otras Administraciones públicas y las obligaciones de los operadores del sector relativas al ejercicio de la pesca marítima».

Contra la pesca ilegal

Para disuadir las operaciones de pesca ilegal, se incluirán medidas para identificar a los infractores nacionales y para comprobar las actividades de aquellos que tengan relación con buques de terceros países que faenen fuera de las aguas comunitarias, apunta el comunicado. De igual manera, pretende asegurar que los productos de la pesca importados en España y los exportados desde nuestro país hayan sido capturados con respeto a las medidas internacionales de conservación y ordenación, y que no proceden de la pesca ilegal.

Tras la luz verde del Consejo de Ministros, el texto queda abierto a las aportaciones de los distintos ministerios, comunidades autónomas y el Consejo de Estado, así como de las organizaciones representativas de los sectores implicados. Posteriormente, el texto se consultará con el sector pesquero y el público en general.

Más facilidades a la hora de aportar bajas para modernizar barcos o armar nuevos

El Ministerio de Agricultura parece estar en una vorágine legislativa para «fijar los principios rectores de la política pesquera de los próximos años». Con el Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera aún tramitándose, lanza el anteproyecto para modernizar el control y un real decreto que regulará, por primera vez, la estructura del Registro General de la Flota Pesquera, texto al que también dio ayer luz verde el Consejo de Ministros. La norma se articula para garantizar la existencia, a nivel nacional, de un único registro, que se constituye como uno de los principales elementos de la ordenación pesquera.

Además, introduce mayor flexibilidad en la exigencia de aportar capacidad a la hora de permitir la entrada de nuevos barcos en el registro o para modernizar buques ya existentes. Todo «con el fin de facilitar al sector estos trámites, haciéndolos más adaptables a las nuevas necesidades», apunta Agricultura en un comunicado.

El decreto establece también un nuevo sistema de gestión de la capacidad, por el cual el Ministerio de Pesca cederá capacidad pesquera para la construcción o modernización de buques con la finalidad de mejorar las condiciones de habitabilidad y confortabilidad, así como la seguridad y la eficiencia energética de las embarcaciones. Asimismo, el texto aclara los criterios para la autorización de los cambios de puerto base y agiliza el procedimiento de las autorizaciones temporales de uso de puertos distintos al base.

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