El Puerto de Vigo invertirá 59 millones de euros en rellenos en los próximos años
SOMOS MAR
Serán en las terminales de carga rodada y de reparaciones en Bouzas y en el muelle comercial
18 mar 2023 . Actualizado a las 00:17 h.El Puerto de Vigo prevé seguir ampliando sus terminales durante los próximos años ganando terreno al mar. La inversión que se ha propuesto acometer es de casi 59 millones de euros. Los rellenos son una de las soluciones planteadas ante la falta de espacio y la estrechez de algunas infraestructuras que ha puesto sobre la mesa en más de una ocasión el organismo presidido en estos momentos por Jesús Vázquez Almuiña.
La terminal intermodal ro-ro de Bouzas, dedicada en buena parte a la exportación de vehículos fabricados por Stellantis, la inmensa mayoría de ellos en la planta de Vigo, es la que acumula mayor inversión. Las dársenas interiores parecen ser las que necesitan una intervención más urgente. El devengo entre el 2024 y el 2025 es de 7,5 millones para ampliar las zonas resguardadas artificialmente. Otro medio millón estaba previsto para este 2023, pero, ante el retraso, muy probablemente se llevará a cabo en los dos próximos años.
Las rampas exteriores de la terminal de carga rodada también se ocuparán con más cemento. En este caso, la inversión más gruesa, de 17,1 millones de euros, será a partir del 2027. Las seis rampas existentes miden entre 150 y 370 metros y la intención es extenderlas.
Al margen de los rellenos, para Bouzas también hay una reserva de capital prevista para la construcción de nuevos silos. El primero de ellos, anunciado el año pasado, le permitirá ganar al puerto capacidad para unos 4.000 automóviles sobre una superficie de 60.000 metros cuadrados repartidos en una planta baja y tres alturas. El presupuesto es de 24 millones de euros, más lo que ha costado la redacción del proyecto constructivo.
En reiteradas ocasiones, la Autoridad Portuaria de Vigo ha manifestado la necesidad de ampliar los espacios disponibles en Bouzas para dar más aire a la actividad rodada. La situación se agravó desde el pasado mes de noviembre, cuando comenzó un atasco monumental de vehículos (alrededor de 35.000) a causa de la crisis logística global y los problemas en los destinos. Ante esto, el organismo tuvo que activar espacios inéditos en sus propias instalaciones, como el apartadero ferroviario de Rande, en desuso, u otras localizaciones en la terminal de reparaciones.
El muelle de comercio también necesita extenderse. En mayo del 2022, el Puerto adjudicó a la ingeniera Gaudium el proyecto constructivo para el aumento de la vida útil de este espacio. Tiene 300 metros de longitud, una anchura de 25 metros y un calado de otros 9 metros. Se emplea para carga de mercancías como de pasajeros. La inversión prevista para ampliar su tamaño es de 30,55 millones de euros. Pero el devengo mayoritario es del 2027 en adelante.
Los nuevos rellenos planteados también afectarán al muelle de reparaciones, reservado para el avituallamiento, el armamento y la intervención en buques, eminentemente pesqueros. En su caso, hay 2,95 millones de euros previstos para ampliaciones, a desarrollar entre el 2024 y el 2025.
Contestación social
La ampliación de los muelles de Vigo acumulan, en realidad, años de demora por la contestación que generan. El propio alcalde, Abel Caballero, ha mostrado su descontento en varias ocasiones. «En esta ciudad, en este Ayuntamiento, no queremos rellenos. Los espacios se pueden encontrar sin necesidad de ellos», dijo. El BNG y las asociaciones ecologistas locales también se han posicionado en varias ocasiones en contra de este tipo de intervenciones.
Beiramar
Mientras tanto, avanzan a buen ritmo las obras del nuevo relleno de la avenida de Beiramar, anexo a la lonja. Se trata de una intervención de 8.300 metros promovido por la Autoridad Portuaria para el estacionamiento de camiones que frecuentan la zona pesquera. La puesta en marcha de esta obra fue gestionada por el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga. Se adjudicó a la empresa Trabajo y Obras Sato por un importe inicial de 3,4 millones de euros. El BNG la elevó al Congreso de Diputados por cuestionar su necesidad, que arrancó en marzo del 2022.