La flota espolea al Gobierno para que el comercio de quenlla no colapse como hizo el de marrajo

Si cuando el marrajo entró en el apéndice II de la Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y su comercio requirió un certificado se armó un caos burocrático que dejó toneladas de producto atrapadas en bodegas de barcos, contenedores y frigoríficos, ¿que no puede ocurrir ahora que ese requisito se exige a la quenlla y se pesca en 20 veces más cantidad? No es extraño, entonces, que la flota afectada, el palangre de superficie —mayoritariamente gallego— esté temblando en la víspera de que el comercio de la especie, también conocida por tintorera o tiburón azul, necesite permisos y certificados para su importación, exportación y reexportación que garanticen que su extracción no ha sido perjudicial.

Por eso el sector, a través de la patronal pesquera Cepesca, esté espoleando al Gobierno, en concreto al Ministerio para la Transición Ecológica, para que «sea eficaz en la gestión de la abundante documentación que va a exigir la pesca y comercialización de la tintorera», pues se requiere agilidad «si no queremos correr el riesgo de paralización de las flotas», advierten.

Y aunque los empresarios pesqueros todavía no aciertan a comprender esa inclusión en la lista de especies amenazadas —porque los científicos de las organizaciones regionales de pesca insisten en que ninguno de sus stocks están en sobreexplotación ni en sobrepesca—, traslada al departamento que sigue llevando Teresa Ribera su «absoluta colaboración para intentar reducir al máximo los efectos burocráticos de la nueva normativa y los posibles sobre costes que se generarán». Cepesca aboga, asimismo, por la colaboración también de todos los eslabones de la cadena de valor «como única forma de garantizar la legalidad del comercio de esta especie».

Nuevos requisitos

Ocurre que, a partir del día 25, las autoridades deben garantizar el origen legal y la trazabilidad de todas las transacciones con la especie, así como que su explotación no sea perjudicial para la conservación de la especie o población, considerando el nivel de comercio actual y previsto. Para ello, se elaboran los dictámenes de extracción no perjudicial (DENP). Aclara Cepesca que, en España, la autoridad científica (el Instituto Español de Oceanografía) ha determinado que la extracción de tintoreras es posible sin cuotas Cites en el Atlántico norte y sur, y en el Pacífico este, central y occidental, quedando excluido el Mediterráneo. Por tanto —y sin perjuicio de otras cuotas que puedan imponer las autoridades de pesca— no se impone un tope a la quenlla como sí se hizo al marraxo, para el que el dictamen de extracción no perjudicial incorporó una cantidad menor que la que la flota estaba autorizada a capturar.

Con todo, el sector pesquero insiste en que no se cumplen los criterios de inclusión en el apéndice II de Cites, «como constataron los informes del panel de expertos de la FAO y de los comités científicos de varias Organizaciones Regionales de Pesca (ORP)». Y tampoco comulga con la razón aportada por Panamá para incluir a la quenlla en Cites: un parecido razonable con otras especies de elasmobranquios. «Los tiburones azules, incluyendo sus aletas, tienen características biológicas claramente distinguibles que pueden ser verificadas por los inspectores de pesca», remachan.

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