La patronal pesquera reclama firmeza ante el juicio por la trama de atún rojo ilegal

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha solicitado «firmeza» al tribunal que va a juzgar la trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo tras el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que establece que los hechos relatados en el mismo por parte de las ocho personas y doce empresas investigadas, entre ellas Ricardo Fuentes, el principal grupo exportador de atún a nivel mundial, pueden ser presuntamente constitutivos de hasta siete delitos, según informa en un comunicado.

En concreto, la patronal pesquera considera este tipo de conductas como «inadmisibles», no solo en el sector pesquero, caracterizado por un continuo esfuerzo para implantar las mejores prácticas en su actividad, sino también en todas aquellas otras relacionadas, como la comercialización y restauración española, cuyo prestigio y reputación internacional pueden verse perjudicados por este tipo de hechos, más aún, tratándose de un producto de alta gama, como es el atún rojo.

Además, el sector pesquero también ha valorado las declaraciones del ministro de Pesca, Luis Planas, sobre este asunto, que además de exigir «respeto» y «contundencia» a la investigación, ha manifestado, refiriéndose a este tipo de conductas, que «no es la realidad del conjunto de nuestro sector pesquero, que al contrario respeta la legalidad».

La magistrada-jueza del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, María Tardón Olmos, ha propuesto «seguir las presentes diligencias previas por los trámites del Procedimiento Abreviado» contra las personas físicas y jurídicas arriba mencionadas por considerar que los hechos relatados en el auto pueden ser presuntamente constitutivos de los hasta siete delitos.

Cepesca ha recordado que las mejoras en las medidas de ordenación y control adoptadas en el seno de ICCAT (Comisión para la Conservación del Atún Atlántico) en los últimos 12 años permitieron que las autoridades españolas detectaran y desenmascararan en el 2018 esta importante presunta trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo.

La investigación de la Guardia Civil, denominada Tarantelo, puso al descubierto una red que introducía anualmente en España, según la Benemérita, más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal proveniente fundamentalmente de Malta e Italia, y generando un beneficio ilícito de unos 25 millones de euros al año.

Cepesca ha recordado que se personó como acusación popular en la causa abierta tras esta investigación de la Guardia Civil, al considerar su junta directiva que la gravedad de estos hechos y conductas afectan directamente al sector pesquero y, consecuentemente, a los objetivos fundacionales de la patronal, entre los que figuran promover el desarrollo de una pesca sostenible y responsable, así como la lucha contra la pesca ilegal.

Pésimas condiciones de salubridad

La investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban y las malas condiciones para el consumo humano de los atunes, a los que inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura, «poniendo en grave peligro la salud pública de los consumidores».

En el auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, la magistrada considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 envía así a juicio a ocho investigados, entre ellos a un guardia civil; a los responsables del Grupo Pescnortmar Carlos Fernández Fernández, Javier Amorós y Khalid Mouslim; y del Grupo Ricardo Fuentes, a los hermanos José y Juan Pedro Fuentes García.

El grupo de empresas Ricardo Fuentes, al que la juez envía a juicio junto con otras once mercantiles, indica la resolución, es el mayor exportador de atún rojo, tiene su sede central en Cartagena y dispone de diferentes granjas de engorde en las provincias de Murcia, así como en Malta y Túnez. También cuenta con almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.

Operaciones

El auto explica que parte de la actividad de esta trama se llevaba a cabo de manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa vigente, mientras que otra parte se realizaba de manera irregular introduciendo en el mercado atún rojo pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de la documentación requerida para su captura y comercialización para consumo humano.

«Esta confusión deliberada entre el atún de procedencia ilícita y en buen estado y el atún de procedencia ilícita y en mal estado fue ideado por la organización para dificultar la detección del fraude», añade.

Para introducir el género capturado de forma irregular o procedente del exceso gestionado en sus granjas de engorde recurrían a falsedades documentales de diversa índole, explica el escrito.

La juez señala que la investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban los investigados en su actuación. A esto se suma el hecho, dice, de que durante el transporte el género no cumplía con unas mínimas condiciones de higiene como el aislamiento de los productos alimenticios en continente hermético o mínimamente protegido.

Añade que la constante adquisición de atunes rojos de procedencia ilícita y su cobertura en el tráfico mercantil mediante documentación manipulada, alterada o simulada, impedía la trazabilidad de los alimentos, cuestión básica para la salud pública, dado que el almacenamiento y posterior venta amparada bajo esta documentación producía la consecuencia de que, finalmente, no podía conocerse de dónde procedía el atún, cuándo se había sacrificado, cuánto tiempo llevaba en expedición, etcétera.

En el contexto de esta distribución en el mercado de consumo humano, parte de los ejemplares de atún rojo se encontraban en mal estado, dándoles otra apariencia a través del inyectado de aditivos para dar una apariencia de frescura, poniendo en grave riesgo la salud pública de los consumidores, indica.

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