Los eurodiputados españoles cargan contra la propuesta de recortar la anchoa un 54 % en el golfo de Cádiz
SOMOS MAR
Reprochan que no tenga en cuenta el impacto socioeconómico de una medida que conllevaría el amarre de 75 barcos y la paralización del 70 % de la actividad de las lonjas
24 sep 2024 . Actualizado a las 04:45 h.Fue el eurodiputado gallego Francisco Millán el que puso en evidencia la ciclotimia de la Comisión Europea con su propuesta de modificar algunas cuotas de pesca para este año, el que viene y el siguiente. Mientras para revisar la del abadejo ha echado las cuentas del impacto socioeconómico que supondría mantener ese recorte de cupo para tres años aprobado en diciembre pasado, no le han dolido prendas a la hora de proponer un recorte del 54 % de las posibilidades de pesca de la anchoa en el golfo de Cádiz. Y solo en el golfo de Cádiz, en una propuesta inédita a la que, además, se suma una prohibición de los swaps, los intercambios entre países, también sin precedentes y de dudosa legalidad, a decir de los asesores del Consejo.
El representante de la Dirección General de Pesca (DG Mare) que intervino en el debate en la Comisión de Pesca de la Eurocámara, Fabrizio Donatella, admitió la importancia del recorte y el impacto que tendrá en el golfo de Cádiz, pero subrayó que «será mayor si no se hace nada», porque la población se encamina hacia el colapso.
Los eurodiputados españoles se le echaron encima. Empezando por la presidenta de la Comisión de Pesca, Carmen Crespo, que fue consejera del ramo en Andalucía, y exhibió esos números de impacto socioeconómico que no ha hecho el Ejecutivo comunitario: «75 barcos, mil empleos, otras tantas familias, el 70 % de las ventas en lonjas, todos los puertos que dependen de ellas...» Sin olvidar que la Comisión está en un momento de transición y que el sector ha pregonado su disconformidad con el informe científico porque no incluye la principal área de alevinaje en los muestreos. «Calificamos de inasumible esta propuesta», sentenció.
Ana Miranda, del BNG, expresó su deseo de que realmente cambien las cosas con el más que probable desembarco de Costas Kadis y que se tengan en cuenta los aspectos socioeconómicos. La nacionalista se remitió al estudio realizado por la Universidade de Santiago sobre la prohibición de capturar bocarte en el Cantábrico durante cinco años para evitar el colapso. Ese informe admite que la pesquería se recuperó. De hecho, se mueve en niveles de biomasa histórico. Pero se hizo a costa de la flota y de la industria, pues constata que parte de los barcos y las conserveras desaparecieron durante ese lustro de veda. Miranda demandó «estudo rigoroso para estabelecer unha cota xusta do bocareu e unha distribución xusta entre Estados».
También el socialista gallego Nicolás González Casares arremetió contra una propuesta que conduciría al cierre de la pesquería y solicitó la retirada de la propuesta, mientras la diputada de Vox, Margarita de la Pisa, arremetió contra las políticas verdes de la Comisión Europea y el Pacto suscrito con ese color.
Pero el representante de la Comisión se mantuvo en sus trece. En que si no se actúa va a ser peor el impacto. Y que, además, el Ejecutivo comunitario no tiene otra opción jurídica, pues «no hay ningún elemento adicional» que permita a Bruselas desviarse del objetivo del rendimiento máximo sostenible (RMS), dijo Donatella.