El Gobierno priorizará planes de eólica marina que tengan «buena acogida»
SOMOS MAR
La flota gallega habla de «tropelía» en la aprobación del real decreto que la regula
24 sep 2024 . Actualizado a las 20:40 h.«Es el hito que el sector eólico esperaba desde hace tiempo». Así celebraba este martes la Asociación Empresarial Eólica (AEE) la aprobación en el Consejo de Ministros del real decreto que regulará la energía eólica marina en España, un documento muy esperado porque supone el pistoletazo de salida para el despliegue de esta tecnología, que tiene potencial para crear 40.000 nuevos puestos de trabajo —junto a la undimotriz y la mareomotriz— y para generar 2.000 millones de euros al año.
De acuerdo a los planes del Gobierno, hasta el 2030 se podrán instalar 3.000 megavatios (MW) en la superficie marina —Galicia cuenta con 4.000 MW en tierra—. Eso sí, solo se podrán levantar aerogeneradores flotantes —entre tres y cuatro veces más caros que los fijos, según fuentes del sector— en las 19 zonas delimitadas para ello en los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM), que ocupan el 0,46 % de las aguas territoriales españolas —casi la mitad, en Galicia—.
Ahora bien, ¿qué proyectos podrán desplegar sus alas? Solo los que cuenten con una declaración de impacto ambiental (DIA) positiva podrán obtener la autorización en los concursos públicos que convocará el Ejecutivo. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, adelantó este martes que priorizarán la convocatoria para aquellos polígonos marinos donde «hay una madurez mayor» y «una mejor acogida en territorio costero». Para ello, delimitarán la zona, los nudos de conexión, el cupo de potencia, la retribución y el plazo de concesión del parque. En la lista de criterios que tendrán en cuenta para valorar cada candidatura se incluye la generación de empleo, el grado de impacto ambiental y el grado de coexistencia con otras actividades, como la pesca —el 30% de la valoración no tendrá carácter económico—.
A la espera de los detalles que arroje su publicación en el BOE, la norma incluye una fase obligatoria de diálogo público entre promotores y actores afectados, para debatir sobre la ubicación, los requisitos del concurso, el diseño, la construcción, la explotación, el desmantelamiento y la ponderación de los criterios de concesión. Algo que no calma los ánimos del sector pesquero gallego, que ha calificado de «tropelía» la luz verde al real decreto.
El enfado es mayúsculo porque el pasado 4 de septiembre habían pedido a Ribera que aplazara su presentación, dado que los científicos todavía están estudiando el ecosistema de las zonas abiertas a la eólica marina y su potencial impacto, tanto en el ecosistema como en la pesca: «É inaudito, un erro colosal por parte da ministra porque se salta o principio de precaución», denuncia el portavoz de la Plataforma en Defensa da Pesca, Torcuato Teixeira, quien señala que todo el sector, desde el cerco al arrastre, la volanta y artes menores se verá afectado. Confían en que el recurso de amparo que han presentado ante el Constitucional —en contra de la sentencia del Supremo que avaló los POEM— sea suficiente para paralizar el arranque de la eólica marina, al menos hasta que se cuente con datos científicos.
El Gobierno no les ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta de compensación económica. Tampoco la quieren: «A prioridade non son as compensacións senón que non se expulse á frota», señala Teixeira.
Hacienda estudia endurecer los impuestos a los vehículos de combustión
El Consejo de Ministros también dio luz verde a la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la guía donde se fijan los objetivos y las medidas para desplegar las renovables hasta el 2030. No ha habido grandes cambios respecto a su borrador, aunque se ha elevado la ambición y la expectativa de empleo —entre 363.000 y 560.000 nuevos puestos de trabajo—.
De acuerdo con la hoja de ruta trazada, que se enviará a Bruselas con sus 110 medidas de impulso, el 81% de la energía que se genere en el 2030 y el 48% del consumo final deberán ser de origen renovable. Los planes pasan por aumentar un 72% la potencia instalada, concentrando más esfuerzos en la eólica —duplicar su capacidad— y la fotovoltaica —triplicando la actual—. La capacidad de almacenamiento se duplicará respecto a lo previsto, alcanzando los 22.500 megavatios; el autoconsumo, 19.000 —para cubrir el 11% de la demanda—. Además, el Gobierno tiene previsto triplicar su objetivo de instalación de electrolizadores (generan hidrógeno verde), alcanzando los 12.000 megavatios, algo que cuestionan desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables: «El incremento de objetivos en hidrógeno renovable contrasta con las insuficientes metas de biometano, a pesar de la diferencia de madurez entre ambas», señalan. Ribera estima que todos estos esfuerzos podrían abaratar un 50% más la factura de los hogares e industrias.
Más eléctricos
A pesar de la ralentización progresiva de las ventas de coches eléctricos, se ha propuesto elevar un 10% el objetivo para el parque electrificado, de tal forma que en España deberán circular 5,5 millones de vehículos de este tipo en el 2030. El principal obstáculo sigue siendo la falta de puntos de recarga y los elevados precios de mercado. Para lograr la paridad de precio para esa fecha con el coche de combustión, Hacienda analizará la conveniencia y viabilidad de acometer una reforma fiscal en el sector del automóvil, de cara a gravar con más dureza a los coches de combustión.
Por último, el Consejo de Ministros ha dado orden de remitir el proyecto de ley para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE), como autoridad independiente de Competencia.
El Estado solo cubrirá el 5% de la inversión en renovables
Las principales patronales del sector aplauden la aprobación del real decreto para desarrollar la eólica marina y la actualización de la hoja de ruta del despliegue de renovables, recordando las oportunidades industriales y laborales que se abren en España en el horizonte del 2030.
No obstante, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) pidió «acelerar el ritmo actual de tramitación e instalación», una crítica recurrente, además de seguir avanzando en la regulación para poder convocar la primera subasta de eólica marina en el 2025.
Por su parte, la Asociación de Empresas de Energías Renovables reclama «medidas concretas que permitan atraer el alto volumen de inversiones necesarias» para cumplir con los objetivos marcados en el PNIEC. El Gobierno calcula que se movilizarán 308.000 millones de euros hasta el 2030. De esas inversiones, el 82 % provendrá del sector privado (252.560 millones de euros) y el 18 % serán fondos públicos (55.440 millones) —de esa factura, el Estado español solo se hará cargo de 15.400 millones (el 5 %); el resto se financiará con ayudas europeas—.
Reparto
¿Cómo se distribuirán las inversiones? El Ejecutivo estima que el 37% de los fondos se irán a sufragar el despliegue de renovables. El 28% se concentrará en proyectos de ahorro y eficiencia. El 17% tendrá como destino las redes energéticas —pendientes de modernización—. Otro 17% se invertirá en la electrificación de la economía.
A pesar del ingente flujo de dinero que prevé atraer el Gobierno, lo cierto es que la realidad de los últimos años apunta en otra dirección: «La demanda no está creciendo. La energía eólica no mantiene un crecimiento acorde con los objetivos y el autoconsumo continúa su ralentización tras el máximo de potencia instalada anual alcanzado en el 2022», señalan desde la patronal renovable.