Medio millar de pesqueros españoles en empresas mixtas piden «asilo» a la UE

Algo más de 8.500 pesqueros trabajan en los cinco océanos con bandera española. La gran mayoría, en torno a 8.000, lo hace dentro del caladero nacional, sea el del Cantábrico, el Mediterráneo o las aguas de Canarias. Además, otro centenar de buques faena en el caladero comunitario. Y cerca de doscientos lo hacen en aguas internacionales o dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) de terceros países en el marco de los acuerdos de asociación pesquera que tiene la Unión Europea (UE). Estas flotas de altura y gran altura, aunque limitadas en número, son fundamentales en ese 30 % de tasa de cobertura que tiene la UE de sus necesidades de pescado, como recordó en días pasados en Vigo el director general de Pesca Sostenible, Ramón de la Figuera.

El otro 70 % de la despensa europea se llena con las importaciones de terceros países. Ocho millones largos de toneladas de productos marinos para dar de comer a ciudadanos europeos y para alimentar sus fábricas. Pero aunque muchas llegan con visado de terceros países, en el fondo hablan español. Son las que capturan los alrededor de medio millar de barcos de capital español, mayoritariamente gallego, pero también alguno vasco y andaluz, que están en sociedades mixtas, expuso Javier Touza, presidente de Acemix (Asociación de Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca) en la conferencia internacional sobre el futuro de la pesca que organizó la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), de la que también está al frente. Difícil calcular su producción, pero el estudio realizado por la Cátedra Ardán (Consorcio da Zona Franca y Universidade de Vigo) señala que supera las 500.000 toneladas.

Esos barcos llevan pabellón de alguno de esos 25 países en los que operan con licencias privadas, pero sus formas de operar, su know-how e, incluso, parte de sus empleados son españoles, así como parte de la tributación, recalca. Son compañías que crean trabajo y riqueza allí donde se asientan, pero también donde está su sede oficiosa. Tienen formas de proceder europeas, porque su mercado es Europa. De hecho, «entras nunha fábrica de Namibia e parece que polo outro lado vas saír en Vigo», ilustró Antonio Basanta, director xeral de Pesca de la Consellería do Mar.

Y pese a todo, Europa no las reconoce como legítimas hijas. Dejó de hacerlo en el 2004, cuando desapareció de la normativa la definición que sí recogía el reglamento 3944/90 sobre acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura. Una descripción que subrayaba, además, su contribución al abastecimiento alimentario de la UE: «Se entenderá por sociedad mixta una sociedad de derecho privado, constituida por uno o varios armadores comunitarios y uno o más socios de un tercer país (...) en la perspectiva de un abastecimiento prioritario del mercado de la Comunidad Europea».

Margen de confianza

Esa supresión, a decir de Touza, es una «aberración jurídica», pues estas empresas conjuntas «siguen formando parte del acervo comunitario» y, sobre todo, «siguen cumpliendo su normativa». Los barcos tienen número IMO; no están establecidos en países con banderas de conveniencia; emplean el sistema Catch de certificación electrónica de capturas; aplican la normativa del Estado Rector del Puerto, han recibido felicitaciones de la Agencia Europea de Control Pesquero (EFCA)... Y, sin embargo, sus descargas todavía despiertan suspicacias en la UE. Sigue sin fiarse. Sin facilitarles un fast track, un carril rápido, para sus mercancías, que no es la primera vez que quedan atrapadas en puertos comunitarios.

Esa es una de las cosas que reclaman las empresas mixtas, aparte de su reconocimiento: una mayor sensibilidad hacia este sector, que debería, creen, figurar con la flota de aguas internacionales y la que opera en el marco de acuerdos de asociación pesquera. La seguridad jurídica y una mejor utilización de los contingentes arancelarios no estaría de más. A nivel español, Touza también tiene una petición: que deje de considerar a Malvinas un paraíso fiscal. «Es el único país de la OCDE» que así lo califica, lo que se traduce en tener que pagar aranceles.

Desembarcos en el nivel más bajo de la década

Si ya es preocupante, a decir del sector pesquero, que la UE solo sea capaz de cubrir un 30 % de su demanda de pescado, más lo es comprobar que esa tasa de cobertura va a peor. Los desembarcos en el 2020 cayeron 3,5 millones de toneladas, hasta conformar «el más bajo de la última década», apuntó Touza. «Es evidente que la política pesquera común (PPC) no está cumpliendo la encomienda que tiene de garantizar la seguridad alimentaria según el artículo 39 del Tratado de la Unión», recordó.

El presidente de Acemix dice que la UE no es capaz de descargar ni el 11 % de las toneladas que se necesitan de las principales especies que se consumen, que son el atún, el bacalao, el salmón y el abadejo. El grado de autoabastecimiento de túnidos es del 28 %, pero en el caso de bacalao o salmón cae al 6 y al 2 %, respectivamente. Así que, si no cambia la tendencia de la UE a cargar con normativa y exigencias excesivas a la flota comunitaria y poner trabas a la que llega de sociedades mixtas en las que hay capital comunitario, «el grado de dependencia de terceros va a ser mayor».

Un ejemplo: desde Malvinas llegan 300.000 toneladas de calamar. Casi todo de barcos gallegos o de capital gallego. Si falta esa provisión, lo que llegará es el que pescan los asiáticos en la milla 201. Así es que Acemix pide «asilo» para estas empresas que, según el estudio de la Cátedra Ardán, facturan 1.195 millones en los terceros países, 630 de valor añadido, 70 en pago de impuestos y reportan 110.000 empleos. Pero si se mira a nivel mundial, la facturación sube a 6.000 millones, 3.000 de valor añadido, 325 millones en impuestos y 139.000 puestos de trabajo directos e inducidos.

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