¿60.100 euros libres de impuestos para no perder más tripulantes en Gran Sol?

Sin que nadie haya encontrado la fórmula para atraer jóvenes a la pesca, la apremiante escasez de tripulantes ya obliga a armadores a recurrir a jubilados para no amarrar sus barcos. Para colmo de males, los mandos de puente y de máquinas y el resto de tripulantes «prefieren trabajar en buques de bandera de otros Estado miembros» de la Unión Europea (UE) porque en algunos de ellos, como Francia, por ejemplo, incentivan a los profesionales de la pesca y compensan la dureza de su oficio con exenciones fiscales. Invocando el principio de la igualdad en las reglas del juego en el mercado, todos los armadores de la flota española de Gran Sol y los de una de litoral solicitan al Estado las mismas bonificaciones para sus plantillas. Porque desempeñan todo o gran parte de su trabajo en aguas extranjeras, piden que hasta 60.100 euros de los salarios de sus hombres queden libres de impuestos.

Aunque variaría en función de la situación particular de cada profesional, en general significaría que el personal de cubierta percibiría el sueldo íntegro y los ingresos de los patrones, los jefes de máquinas y algunos mandos intermedios se incrementarían sustancialmente.

Lo que plantean es una opción prevista en la legislación para los rendimientos del trabajo de residentes en España cuando estos son «efectivamente realizados en el extranjero», siempre y cuando no sean paraísos fiscales, entre otras condiciones. Y los noventa pesqueros de Gran Sol con pabellón español faenan fuera de la zona económica exclusiva de España, en aguas de Escocia, Irlanda, Reino Unido y Francia. Comparten caladeros con barcos abanderados en otros países comunitarios, pero de capital español. Estos son los que durante «los dos últimos años» captan a muchos de los mandos de la flota nacional, precisamente porque el impuesto de la renta española no les grava los primeros 60.100 euros que cobran.

Sin relevo y jubilaciones

A los «gransoleros» españoles ya les crea «grandes dificultades para armar los barcos y poder salir al mar», pero el escenario a corto plazo es todavía más alarmante. Primero, porque la falta de relevo generacional sigue sin remedio y, también, por las «jubilaciones ya previstas», seis de cada diez mandos en todo el sector antes del final de esta década.

«Que la flota española pueda ser competitiva con respecto a las de otros Estado miembros —de la UE— y países terceros» depende de la equidad, subrayan, en una comunicación enviada a la Secretaría de Estado de Hacienda, representantes de las organizaciones gallegas de armadores Anasol, Arpesco, Puerto de Celeiro y Productores Pesqueros de Lugo, los de las cántabras Arpacan y Opeca y los de la vasca Pesca de Altura de Ondárroa.

«Analizar cada caso»

Justifican la igualdad de trato que demandan recordando que, «independientemente de la bandera» del pesquero, la flota comunitaria en Gran Sol es «homogénea, trabaja en los mismos caladeros, captura las mismas especies, descarga en los mismos puertos (mayoritariamente españoles) y comercializa en el mismo mercado (el español)».

Las siete organizaciones españolas de armadores apelan a Hacienda amparadas por un informe del despacho de abogados On Tax&Legal. Estos concluyen que habría que «analizar cada caso concreto en cada ejercicio» económico y que la exención fiscal solo se aplicaría a los «salarios estrictamente y no a otro tipo de rendimientos del trabajo».

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