Europêche y ETF proponen diferenciarlo con etiquetas que realmente acrediten el respeto a los derechos sociolaborales
18 nov 2021 . Actualizado a las 04:45 h.Menos de veinte países del mundo han ratificado el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el que regula la protección de los derechos laborales y sociales de los pescadores. Oenegés denuncian periódicamente casos de abusos y esclavismo, especialmente en barcos asiáticos. La Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) ha emplazado a la Unión Europea (UE) a «plantarle cara al problema humanitario en la pesca». Abundan en el mercado comunitario productos del mar con sellos de sostenibilidad ambiental, pero aún escasean los de responsabilidad sociolaboral como, por ejemplo Atún de Pesca Responsable (APR) o el de Friend of the Sea que acredita la merluza de Puerto de Celeiro. Ahora que cotiza al alza demostrar que el pescado no procede de esclavistas, la flota europea quiere que los consumidores sepan con certeza cuál están comprando.
En su condición de interlocutores sociales de la pesca comunitaria, Europêche, la gran patronal de la flota, y los sindicatos de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF, por sus siglas en inglés), abogan por que la UE deje fuera del mercado único «las etiquetas de lavado social de terceros países». Sellos privados en los que «no se puede confiar para la protección de los derechos humanos» si no acreditan que desde que la captura hasta la venta final se respetan las condiciones que marcan el Convenio 188 para los pescadores y la normativa de su aplicación en la UE. Unos mínimos a bordo en trabajo, alojamiento, alimentación, protección de la salud, seguridad labora, asistencia sanitaria y salarios.
No a los sellos «oportunistas»
A esas etiquetas de sostenibilidad social y económica se refirió en la Conferencia Internacional del Atún Iván López, presidente de uno de los consejos consultivos de la UE, el de larga distancia. Citó como ejemplo Fish, impulsado en EE. UU. con idea de acreditar que no es pescado esclavista. Sin embargo, advirtió, se expiden con criterios «por debajo de los estándares europeos e incluso del Convenio 188».
Esos y los similares «no deben ser reconocidos como socialmente sostenibles», sostienen ETF y Europêche en una resolución conjunta en la que los califican de «oportunistas». Para que los europeos «tengan una idea clara» sobre el pescado que comen, abogan por diferenciar en una parte bien visible la certificación social de la ambiental, dos «pilares de sostenibilidad». Esas dos organizaciones consideran que esos distintivos «voluntarios pueden proporcionar un punto de referencia para mantener las buenas prácticas, mientras para aquellos que no lo hacen no representan una amenaza significativa en absoluto».
«Una sólida cadena de custodia»
Europêche y ETF cren que la UE debe otorgar «roles significativos» a todas las partes (empresarial y social) de la cadena mar-industria en el diseño y control de las etiquetas de sostenibilidad social. También creen importante «asegurar una sólida cadena de custodia» para comprobar el cumplimiento de los requisitos, diferenciando los productos certificados del resto y no mezclándolos en ningún momento de la cadena de suministro o procesado con los de barcos o fábricas con «condiciones laborales desconocidas».
En nombre de los pescadores y los armadores, les parece «aconsejable un cierto grado de equivalencia» de los sellos de sostenibilidad sociolaboral de iniciativas privadas con normas institucionales como, por ejemplo, el Convenio 188. Todo porque ETF y Europêche entienden que esas regulaciones oficiales «no pueden ser reemplazadas por esquemas voluntarios».