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Inspectores de pesca se declaran «obligados» a cumplir horarios aunque se resienta la vigilancia

Somos Mar REDACCIÓN/ LA VOZ

PESCA Y MARISQUEO

Inspectores de pesca controlando a un arrastrero en el mar (foto de archivo)
Inspectores de pesca controlando a un arrastrero en el mar (foto de archivo) Apipes

Cansados de trabajar de más sin compensación, advierten de «terribles consecuencias para el sector y los recursos»

09 feb 2022 . Actualizado a las 04:50 h.

«Nos vemos a obligados a aplicar una regulación laboral que impide un control efectivo de la actividad pesquera con terribles consecuencias para el sector y los recursos», lamenta la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca (Apipes) en sus cuentas de redes sociales. Aun admitiendo que la vigilancia y el control de la actividad pesquera en España se resentirán si cumplen los horarios laborales especiales definidos por la Administración para esos funcionarios públicos, se han cansado de aguardar respuestas de la Secretaría General de Pesca a sus demandas. «No obtenemos soluciones reales sino “parches" abusivos que están en contra de nuestros derechos como trabajadores», subrayan en vísperas de la asamblea que celebran este miércoles para decidir posibles movilizaciones.

Consultado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el conflicto y sus consecuencias, en el momento de elaborar esta información no había respondido.

Negativa de Pesca a negociar

Cansados de trabajar de más sin compensación, algo que asumían porque solo así era posible «poder realizar nuestro trabajo de una forma eficaz», los inspectores acordaron el pasado abril cumplir horarios. Afirman que los sobrepasaban con la «connivencia de la Administración», pese a que implicaba «jornadas laborales de más de 12 horas, así como estar disponibles las 24 horas del día». Aparcaron esa medida de presión porque en julio recibieron «promesas de una negociación que nunca se llegó a producir». Desde noviembre, «ante la negativa de la Secretaría General de Pesca de sentarse a negociar», empezaron a exigir adaptarse a su calendario laboral. No pudieron porque, según dicen, así «resulta imposible realizar nuestras labores de inspección de manera eficaz».

Después de años «excediéndose en sus jornadas de trabajo, reduciendo descansos y teniendo graves problemas de conciliación» para llevar a cabo el «control eficaz y las inspecciones que exige la Comisión Europea», ahora se declaran abocados a atenerse a los horarios que les marca la Administración. Admiten que al estar «preestablecidos con un mes de antelación y con una duración marcada de antemano» difícilmente podrán cumplir con la misión encomendada. Entre otras razones porque no pueden saber «a qué hora entrará un buque pesquero en puerto, cuánto durará una inspección, cuándo permitirán las condiciones del mar realizar una transferencia de atún rojo o cuándo se solicitará el desembarque de un buque mercante con túnidos tropicales importados».

«Puede paralizar la actividad de determinadas empresas»

A las puertas de que el próximo marzo comiencen la campaña de la xarda y la del atún rojo, paralelas a pesquerías no estacionales como las de la merluza y otras, los inspectores de pesca de España advierten de las consecuencias del calendario oficial de trabajo. Por ejemplo, «no saber si será posible alcanzar las exigencias del alto nivel de control e inspección que exige la Unión Europea (incluso con inspecciones obligatorias)». Incluso si lo consiguiesen, dudan sobre la «eficiencia y eficacia» de su labor como vigilantes de la legalidad. Especialmente porque «para poder actuar de forma oportuna ante una posible falta administrativa es necesario realizar un seguimiento 24 horas de la actividad de la flota y, en el momento de detectar una anomalía, poder actuar de forma inmediata», 

Apipes deja constancia pública de su «preocupación por no poder dar una respuesta rápida al sector cuando demanda la presencia de la inspección para algunas operaciones y de no poder continuar la labor formativa e informativa al sector en condiciones óptimas». Sostienen que la pérdida de operatividad en la inspección «puede paralizar la actividad de determinadas empresas pesqueras».