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Arrecia el rechazo a la entrada de pescado esclavista o ilegal en la UE

S. Serantes REDACCIÓN/ LA VOZ

PESCA Y MARISQUEO

Ecologistas de Sea Sheperd difundieron tiempo atrás esta imagen de su barco Sam Simon persiguiendo a un pesquero acusado de pesca ilegal de merluza negra en el Atlántico
Ecologistas de Sea Sheperd difundieron tiempo atrás esta imagen de su barco Sam Simon persiguiendo a un pesquero acusado de pesca ilegal de merluza negra en el Atlántico Jeff Wirth

Oenegés, eurodiputados, flota y Mar emplazan a la Comisión a controlar más las importaciones

11 may 2022 . Actualizado a las 04:45 h.

Paladín mundial de la pesca legal, sostenible y reglamentada, así como del respeto a los derechos humanos y laborales de los tripulantes, en la Unión Europea (UE) siguen entrando productos del mar refrigerados, congelados o elaborados cuya procedencia cuestionan oenegés y eurodiputados. Y no es baladí porque más del 70 % de los alimentos marinos que consumen los ciudadanos de los Veintisiete proceden del exterior. Coincidiendo con la difusión de nuevos informes que constatan capturas ilegales e incluso esclavistas en barcos chinos, arrecia el rechazo a los pescados y mariscos procedentes de buques abanderados en países donde se tolera la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR, por sus siglas en inglés).

Que productos pescados ilegalmente «podrían seguir llegando» al mercado comunitario lo constata la EU IUU Fishing Coalition, integrada por las oenegés Enviromental Justice Foundation (EJF), The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts, Oceana y WWF. Al mismo tiempo que reconoce que la UE «ha solucionado las lagunas que permitían a sus buques pesqueros cambiar de bandera para evadir» la exigente legislación de los Veintisiete, revela que las normas y controles laxos en países terceros «son explotados por ciudadanos europeos que obtienen beneficios de capturas ilegales».

Identificar a los «verdaderos propietarios» de los pesqueros

Para frenarlos y evitar que «se beneficien, sin ser sancionados, de la falta de control» fuera de los Veintisiete, la citada coalición pide a la UE que publique la información sobre «los verdaderos propietarios de los buques pesqueros; es decir, el beneficiario efectivo». No en todos los casos, sino en aquellos de «posible o probada implicación en operaciones de pesca INDNR, corrupción o blanqueo de capitales».

Contra el «desprecio a la vida humana»

«No podemos seguir importando pescado, en algunos casos incluso con arancel cero, de empresas y barcos que desprecian la vida humana», clamaba meses atrás la patronal española Opagac, la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores. Con información de un estudio de Deloitte, revelaba que 35 proveedores de atún enlatado de grandes superficies europeas «son especialmente laxos con la vigilancia y persecución de la vulneración de los derechos humanos de los trabajadores en su cadena de producción». Se cuela en los mercados comunitarios a través de grupos «mayormente de EE.UU., Australia, Tailandia, Canadá y Filipinas», añadía.

«Delitos contra los derechos humanos»

Una investigación de Enviromental Justice Foundation detectó 554 incidentes de pesca INDNR en barcos de China que pescan en caladeros internacionales y los relacionan con «abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente». En base a ese informe, eurodiputados de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo emplazan a la Comisión a «garantizar que no entren en el mercado de la UE los productos de los buques» que pescan ilegalmente, «en particular en áreas marinas protegidas», o que cometan «delitos contra los derechos humanos».

La europarlamentaria irlandesa Grace O'Sullivan, del grupo Los Verdes/ Alianza Libre Europea, encabeza la relación de políticos de los Veintisiete que también le piden a la Comisión que explique por escrito qué hace para «apoyar áreas marinas protegidas y otras medidas de protección espacio-temporal fuera de la UE, especialmente en África Occidental». Formulándolo igualmente como pregunta, le plantean medidas para «identificar a los buques que faenan fuera de la UE» ilegalmente, pero, «en particular», a aquellos donde haya constancia de «trabajo forzoso y abusos de los derechos humanos».

Por «un comercio pesqueiro xusto»

Sobre las importaciones de productos del mar en los Veintisiete también se pronunció Rosa Quintana, titular en funciones de la Consellería do Mar, quien aboga porque cumplan los requisitos exigidos a la flota comunitaria. Hace unos días, en un acto celebrado en Vigo, defendió «a necesidade» de que la Política Común de Pesca de la UE «aposte por un comercio pesqueiro xusto no que unicamente poderían participar aqueles que aceptasen o equilibrio e a igualdade nas regras de xogo».