España, Francia, Alemania o Italia coinciden en que «condena» a la flota
20 mar 2023 . Actualizado a las 22:33 h.El plan de la Comisión Europea (CE) para eliminar la pesca de arrastre de fondo móvil en zonas protegidas cosechó ayer la oposición de Los Veintisiete. La pretensión de Bruselas de ampliar las zonas marinas bajo protección del 12 % actual al 30 % se se encontró con un en el Consejo de Ministros celebrado ayer.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, resaltó que «dos tercios del pescado que se consume en la Unión Europea son importaciones de terceros países con criterios de sostenibilidad totalmente distintos» a los que se autoimponen los 27, al tiempo que en los últimos diez años la flota comunitaria se ha reducido «en más de 6.000 buques». En este contexto, abogó por una propuesta que tenga en cuenta «no solo criterios medioambientales sino también sociales y económicos. El sector es estratégico para la soberanía alimentaria y no esto no se aprecia» en el plan formulado, lamentó.
Así, aseguró que la propuesta de la CE es «desequilibrada» y «desenfocada», y supone «estigmatizar» el arrastre. Eliminarlo en todas las áreas marinas protegidas no es adecuado. Nos parece un cronograma precipitado», afirmó, para vaticinar que el resultado «puede ser trasladar la flota española a otras banderas», lo que sería «un fracaso».
Su homólogo francés, Hervé Berville, aseguró que si la prohibición del arrastre se lleva a la práctica, se estará «condenando» a la «desaparición» a pesca artesanal francesa y europea, «y no a 20 años vista, sino mañana».
Delegaciones como la belga, la alemana, la griega, la irlandesa o la neerlandesa mostraron también su preocupación sobre el marco jurídico de aplicación de esta medida o el establecimiento de plazos «inviables». Italia, Portugal o los países bálticos resaltaron que la situación de algunos ecosistemas «no se puede atribuir en exclusiva» al sector pesquero.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginius Sinkevicius, insistió en que «este plan de acción marino no consiste en crear nuevos requisitos jurídicos, sino que se centra en dar nuevos bríos a la aplicación de la normativa ya existente ante la degradación de los ecosistemas», como muy tarde en 2030. Admitió el impacto de las medidas propuestas sobre los arrastreros, pero apeló a que «el tiempo vuela y no podemos perderlo. Si no actuamos ahora los pescadores y los consumidores sufrirán las consecuencias en el futuro», concluyó.
En su segunda intervención, afirmó haber «tomado nota» de las críticas, aunque instó a los países de la UE a «encontrar un equilibrio difícil pero fundamental», ya que «la pesca no sobrevivirá sin los ecosistemas», juzgó.