Una discriminación menos en el mar: mariscadoras y redeiras por fin tienen los mismos coeficientes reductores que el resto de sectores
PESCA Y MARISQUEO
La nueva Ley de Pesca Sostenible pone fin a una discriminación por razón de sexo y da respuesta a una reivindicación histórica de estos colectivos
22 mar 2023 . Actualizado a las 07:46 h.La entrada en vigor de la nueva Ley de Pesca Sostenible cierra un larguísimo procedimiento legislativo. El texto tenía que atender a un sinfín de frentes, de situaciones y de problemas. Tantos, que las mariscadoras a pie gallegas temían que, una vez más, su reclamación a contar con unos coeficientes reductores de la edad de jubilación iguales a los del sector del marisqueo a flote volviese a quedarse en el tintero. No ha sido así. Hace un año, la Asociación Nacional de Mujeres de la Peca (Anmupesca) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) sumaron sus fuerzas para lanzar una ofensiva conjunta que consiguiese que las buenas palabras utilizadas durante décadas por la clase política se convirtiesen en una realidad. La publicación en el BOE de la Ley de Pesca les ha permitido dar su objetivo por cumplido. El texto incluye una «modificación de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo pesquero». En concreto, se establece una «modificación de coeficientes reductores a aplicar a las actividades de marisqueo, recogida de percebes y recogida de algas», que pasa de ser de 1 a ser de 1,5, igual que el sector del raño. Además, se reconoce el derecho de otros colectivos —rederas, neskatillas (un oficio tradicional del mar vasco, del que quedan 16 trabajadoras en activo), empacadoras y buceadores profesionales, a la aplicación de unos coeficientes reductores que ahora no se le aplicaban: han pasado de no tener ninguno, a acceder a uno de 1,5.
Desde UPTA, Eduardo Abad Sabarís mostraba ayer su satisfacción por haber logrado resolver una situación de discriminación de todos estos colectivos, poniendo especial énfasis en el del marisqueo a pie, que en Galicia ocupa a 3.614 personas, la inmensa mayoría mujeres arousanas —en la ría hay 1.613 pérmex—, que no veían reconocida la penosidad de su faena como sí ocurría con el sector de a flote —integrado en su inmensa mayoría por hombres—.
Una vez conseguido este objetivo, la alianza de Anmupesca y UPTA no parece que vaya a deshacerse, todo lo contrario. Tras comprobar que el trabajo conjunto ha logrado resultados, que esta ha sido una suma de fuerzas eficaz, ambas entidades seguirán trabajando de forma coordinada en pos de un nuevo objetivo: conseguir el reconocimiento de enfermedades profesionales que padecen las trabajadoras del mar y que están derivadas de las condiciones ambientales en las que tienen que faenar y que hasta ahora no han sido reconocidas por la Administración
Eduardo Abad: «Vamos a pelear el cese de actividad para la agrupación de Carril; las mariscadoras no están solas»
El presidente de UPTA considera que la batalla por la equiparación del coeficiente reductor del marisqueo a pie y a flote debería haber sido librada por las cofradías gallegas. Que no haya sido así podría indicar, dice, «que tenemos que replantearnos cuáles son las funciones» de esas organizaciones. Abad Sabarís aprovecha la ocasión para poner el foco sobre la cofradía de Carril, donde el marisqueo a pie ha solicitado hace semanas a la cofradía que inicie el procedimiento para poder solicitar un cese de actividad derivado de la mortandad del marisco registrada en sus zonas de trabajo. «Y el patrón mayor no atiende a sus demandas. Pero que tenga claro que son afiliadas de UPTA y que vamos a defender sus derechos a capa y espada». Asegura que el pósito carrilexo está incumpliendo la legalidad porque el patrón mayor, José Luis Villanueva, «está inhabilitado» —el el presidente del pósito asegura que la condena que le ha sido impuesta por agresión no afecta a su cargo—. Además, entiende que Villanueva «está jugando con el pan de las familias del sector de a pie, 80 mujeres que no están pudiendo facturar ni para pagar el seguro, cuando su deber es velar por los intereses de esas personas y pelear por el cese de actividad que les permita percibir la prestación correspondiente. Es indigno que alguien en un cargo de representación esté actuando de esa manera. Pero que quede claro: vamos a pelear ese cese de actividad y lo vamos a conseguir. Las mariscadoras de Carril no están solas».