La pesca se encomienda a la Justicia al ser castigada sin la revisión de las 87 vedas

La Comisión Europea debería haber revisado en octubre del 2023 las vedas a toda la pesca de fondo en 87 zonas de España, Portugal, Francia e Irlanda. No solo no ha cumplido el plazo de examinarlas a los doce meses, como anunció, porque así lo establece el reglamento comunitario, sino que como mínimo se demorará hasta final de año. Dilatar en el tiempo el cierre de caladeros tradicionales lo interpretan los pescadores como un castigo, ante el cual se encomiendan a la Justicia y, en concreto, a las sentencias sobre dos demandas, una del Gobierno de España ante el Tribunal General de la UE y otra de Productores Pesqueros de Burela ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Sobre la mesa está la posible ampliación a 104 o 115 áreas, pero, al mismo tiempo, también «abordar y corregir» cómo se deciden los espacios a proteger y una «evaluación socioeconómica más amplia». Al menos eso le avanzó al sector Charlina Vitcheva, directora de Asuntos y Pesca en el gabinete de Virginijus Sinkevicius, eurocomisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.

Como a principios de junio se celebran elecciones a la Eurocámara y de ahí saldrá la futura Comisión, quizá ninguno de los dos continúe a finales de este año o a principios del próximo, cuando anuncian los resultados de la evaluación de los impactos de las 87 vedas que no se hizo cuando las impuso. La comisaría que preside Sinkevicius se negó, pese a las peticiones y advertencias que llevaron a España y a los pescadores de Burela, apoyados por la Xunta, a denunciarlo en los tribunales.

Días atrás se escribió el penúltimo capítulo de un cierre de zonas de pesca que, según denunciaron científicos, pescadores y autoridades, forzó la Comisión saltándose requisitos esenciales como la valoración previa del impacto socioeconómico. También cuestionaron la decisión de aplicarlo a todas las artes pesqueras en contacto con el fondo a partir de los únicos datos disponibles, los estimados sobre el impacto del arrastre de fondo en los ecosistemas marinos vulnerables.

De ahí que, aparte de ponderar las consecuencias sobre la flota, la comisaría de Sinkevicius se avenga ahora a repensar tan controvertida medida porque al final resulta que los más perjudicados son los reconocidos como más selectivos, los palangreros de Gran Sol, conocidos en Galicia como pincheiros. Instituto Español de Oceanografía, Gobierno central y la flota trabajan para intentar librarlos de las vedas actuales y, en su caso, futuras.

Sobre esos y otros asuntos se centraron representantes de la Comisión, de los Gobiernos estatales, de la flota y de las oenegés en la primera reunión del grupo de trabajo que definirá qué información y de qué tipo se brindará al Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STEFC, por sus siglas en inglés) para analizar las vedas y proponer cuáles y cómo serían las futuras. El siguiente capítulo podría escribirse hoy, en el Parlamento Europeo, donde se celebra una audiencia pública sobre la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, los beneficios para el medio ambiente y la biodiversidad y las repercusiones en los pescadores y la soberanía alimentaria.

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