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Bruselas evalúa los beneficios de las 87 vedas a la pesca 30 meses después de imponerlas

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

PESCA Y MARISQUEO

Un pincheiro recibiendo asistencia sanitaria de un buque-hospital en Gran Sol (imagen de archivo)
Un pincheiro recibiendo asistencia sanitaria de un buque-hospital en Gran Sol (imagen de archivo) ISM

«Decepcionante» para la flota de Gran Sol, aún pendiente de la sentencia de la Justicia europea

11 abr 2025 . Actualizado a las 04:45 h.

Por proteger espacios donde se sabe o se supone que hay ecosistemas marinos vulnerables, como corales de fondo o plumas, la Comisión Europea vedó la pesca de fondo en 87 áreas de España, Portugal, Francia e Irlanda el 10 de octubre del 2022. Con la idea inicial de atenuar el impacto de artes móviles como el arrastre de fondo, acabó castigando sobre todo a los palangreros demersales (pincheiros), considerados los más selectivos, y en menor medida a los volanteros de fondo.

Bruselas no solo se ha negado repetidamente a permitir que los pincheiros vuelvan a sus caladeros, sino que también ha incumplido su obligación de revisar las vedas anualmente. Ahora que las repiensa, evaluando repercusiones socioeconómicas y posibles beneficios, la flota de Gran Sol considera «decepcionante que los efectos positivos» potenciales se midan 30 meses después de imponerlas.

Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, transmitió su malestar en una de las reuniones de un grupo de expertos en el que representantes de la DGMARE (Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca), de la flota y de otras partes interesados, analizaron los trabajos encomendados por la Comisión al Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STEFC, por sus siglas en inglés). Entre otras cuestiones, tratan de evaluar los «valores monetarios de los servicios ecosistémicos» de las 87 vedas o, lo que es lo mismo, de analizar «costes y beneficios».

En esa misma reunión, María José Rico, secretaria general de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias (Fecoppas), abundó en las críticas insistiendo en que la Comisión debería haber medido el impacto de las 87 vedas antes de obligar a la respetarlas.

Paralelamente, al mismo tiempo que la flota de bandera española se desangra en Gran Sol y ya solo quedan en activo 78 de los 300 barcos que la formaban en 1986, el sector y el Gobierno español siguen aguardando por una sentencia que podría marcar «un antes e un despois» en el futuro inmediato de los barcos de altura y gran altura.

En nombre de Puerto de Burela, la única organización de la flota que ha acudido a los tribunales solicitando la anulación de las vedas, igual que ha hecho el Gobierno de España, Sergio López considera que el fallo judicial «retrásase moito», si bien admite que se trata de un «proceso complexo» porque también incumbe a principios generales de la política comunitaria que probablemente «crearán xurisprudencia».

En eso contexto, vincula el futuro de la flota española de Gran Sol, especialmente la del pincho, a «decisións político-xudiciais» que podrían permitir a los palangreros demersales volver a los caladeros de los que llevan 30 meses expulsados, ocasionándole a cada barco pérdidas económicas de entre 90.000 y 150.000 euros anuales.