España no tendrá que devolver 260 millones de la digitalización
23 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que España no tendrá que recuperar las ayudas concedidas entre el 2005 y el 2009 a los operadores de televisión digital terrestre (TDT) para facilitar la digitalización de zonas poco urbanizadas. La máxima instancia judicial del continente anuló la decisión de la Comisión Europea (CE) que declaraba ilegales estas compensaciones al considerar como insuficiente la motivación que se alegaba.
El Tribunal de Justicia aceptó un recurso que fue presentado desde Galicia por la Xunta y Retegal tras alegar un motivo que «no concurría en este caso», explica el abogado del caso, Francisco Javier García Martínez.
«La comunidad autónoma de Galicia y Retegal critican al Tribunal General por haber confirmado el análisis de la Comisión sobre el carácter selectivo de la medida controvertida y alegan que la motivación expuesta por la Comisión a este respecto era insuficiente», detalla la exposición de la sentencia.
El TJUE señaló que la normativa europea prohíbe las llamadas ayudas selectivas, que favorecen a determinadas empresas frente a otras que se encuentran en una situación comparable. Estableció así que ni la decisión de Bruselas ni la sentencia recurrida «contienen indicación alguna» de que las empresas de radiodifusión se encuentran en una situación comparable a otros sectores ni de que esta situación pueda equipararse a empresas que emplean otras tecnologías.
El tribunal aceptó el recurso de casación presentado desde Galicia después de desestimar los del País Vasco, Cataluña y Navarra, así como por los operadores Cellnex y Retevisión.
Tras esta decisión, España no tendrá que recuperar las ayudas públicas a los operadores de TDT para favorecer la digitalización, que ascendieron a 260 millones en todo el país. De estos, un total de 17 millones correspondieron a Galicia para la intervención en zonas rurales, con un cálculo de población afectada de alrededor de 200.000 personas.
Para asegurar la transición de la televisión analógica a la digital en todo el territorio, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 98 % de la población española, las autoridades españolas optaron por dividir el país en varias áreas, en función del interés comercial por asumir ese coste. Así se determinó que en la zona II, compuesta por áreas menos urbanizadas, este cambio se cubriría con financiación pública.
Una denuncia de un operador europeo de satélites en el 2013 llevó a la CE a declarar «ilegales e incompatibles con el mercado interior» estas ayudas al «despliegue, mantenimiento y explotación» de la red de TDT. Bruselas obligaba así a los beneficiarios a devolver a España las ayudas.