Torres Dulce cree que hay que compatibilizar la modernización de la justicia con la creación de un tribunal de instancia de rango provincial en Vigo
27 jun 2014 . Actualizado a las 21:17 h.El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha apelado este viernes al «criterio de proporcionalidad» para encontrar el «justo término» para modernizar la administración de Justicia «sin perder de vista que es un servicio para todos los ciudadanos y que debe de facilitársele en la medida de lo posible». Así, ha considerado «absolutamente inexcusable» que Vigo tenga tribunal de instancia propio.
En declaraciones a los medios después de participar en el acto de imposición de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al fiscal jefe de la provincia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, el fiscal general del Estado se ha referido al modelo judicial propuesto en la reforma de la Ley Orgánica de Justicia con tribunales de instancia uniprovinciales.
Torres-Dulce ha insistido en que le parece «evidente» que la idea general es que no se puede «seguir teniendo exclusivamente la idea de partidos judiciales y audiencias provinciales» e invitó a «mirar alrededor» y comprobar lo que ocurre con el resto de los servicios. Y añadió que «es necesario que eso no sea simplemente unívoco», en el sentido de que resida sólo en la capital de provincia «es evidente y aquí en Pontevedra y Vigo no ya evidente sino absolutamente inexcusable», apostilló.
El fiscal general del Estado ha recordado que esta decisión de reformar el mapa judicial español «se comparte por este Gobierno y por el anterior».
En este sentido, Torres-Dulce considera que esa apuesta por modernizar la estructura judicial española «hacia lo que ya existe en buena parte de Europa», y ha citado el ejemplo de Francia. «Es positiva», ha valorado.
A juicio del fiscal general del Estado la estructura judicial española está «muy tradicionalmente asentada en un concepto de una España». «Que no voy a decir que desaparece pero que ya no es la España del siglo XIX, la España que se configuró conforme con los partidos de Instrucción», ha abundado.
Para Torres-Dulce la clave está en «cómo conciliar esa modernización con la necesidad de que no queden desatendidas con justeza y con cercanía las demandas de los ciudadanos», por lo que considera que «es un problema de debate», entre el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y las entidades provinciales «para que evidentemente las unidades territoriales como Vigo y alguna otra de importancia cumplan con el deber que les corresponde, con el derecho que les corresponde de ser sede».
«REALIDAD SOCIAL»
Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, ha afirmado que «la ley es que parece que funciona a contrapelo con lo que es la realidad social».
Según Juan Carlos Aladro, «no tienen ninguna justificación que no exista ese partido» en Vigo, y ha apuntado que «la reestructuración del territorio merece que sea contemplada de otra manera».
Mientras, el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, ha insistido en que Galicia tiene siete ciudades con unas áreas metropolitanas alrededor importantes y, «por lo tanto, es una realidad que debe ser atendida».
Así, Rueda ha defendido la necesidad de una Justicia «moderna y cercana» y ha recordado la «fuerte inversión» hecha en materia de infraestructuras por la Xunta de Galicia «la cual implica no sólo los edificios sino también inversiones en nuevas tecnologías y por lo tanto esto de repente no puede ser borrado de un plumazo».
El vicepresidente autonómico ha destacado el «sentido común» que reflejan los distintos informes que se van conociendo al respecto de la reforma, todos ellos «coincidentes» con las alegaciones presentadas por la Xunta.