El plan de las Islas Atlánticas: menos visitas, 25 millones de inversión y pesca bajo control
VIGO
El documento de gestión del parque nacional que sale a exposición pública reduce el cámping de las Cíes en 200 plazas y prevé una «caja azul» en los barcos de bajura
23 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Dieciséis años después de su creación, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas podrá contar al fin con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Al menos, ese es el decidido objetivo de la Xunta. Ya existe un borrador del documento que marca las estrategias a seguir en los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada y está previsto que se publique en el Diario Oficial de Galicia. Tras pasar por el patronato del parque y superar el período de alegaciones, podría aprobarse definitivamente a la vuelta del verano.
El plan rector es la pieza clave para gestionar el espacio de máxima protección. La hoja de ruta que se aplicará durante los próximos diez años establece un programa de actuaciones y trabajo con inversiones que rondan los 25 millones de euros. La financiación saldrá de la Administración autonómica (con acciones transversales entre distintas consellerías), la estatal (Ministerio de Medio Ambiente) y la europea (programas comunitarios).
La preservación de los valores naturales de las Islas Atlánticas es el principal objetivo, con la protección de hábitats y la eliminación de especies invasoras de flora y fauna en favor de las autóctonas. Pero las medidas proteccionistas van más allá. Por ejemplo, se reduce de 3.000 a 2.800 el número máximo de personas que pueden estar a diario en las islas Cíes (el cámping será de 600 plazas en vez ce las 800 actuales) y también se establece por primera vez un cupo de visitantes en Ons (1.800, según la previsión adelantada en noviembre del año pasado). Los grupos ecologistas ya advirtieron que los recortes son insuficientes y prefieren más restricciones.
Dentro del plan rector también se recogen novedades en el espinoso capítulo de la pesca. No habrá prohibiciones expresas para faenar en ninguna zona, tal y como pretendía la Xunta en anteriores borradores, lo que provocó el rechazo frontal de las cofradías de las Rías Baixas. Ahora se apuesta por crear un grupo de trabajo entre los representantes de los marineros y la Consellería do Mar que elaborará un plan de seguimiento de cada especie y determinará, en función de los resultados, cuándo se pueden capturar y cuándo no. Si bajan las existencias de pulpo o percebe, por ejemplo, se fijarán períodos de veda para garantizar su recuperación.
Otra novedad, que aunque no será obligatoria de entrada ya viene contemplada en el PRUG, es la implantación de la llamada «caja azul», un sistema de transmisión vía satélite que permite conocer la ubicación en cada momento de los barcos de bajura que faenan en el entorno de las islas. La directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, ya anunció a los actores implicados en el parque nacional que la propuesta de la Xunta pasaría por «permitir la pesca y el marisqueo sostenibles», con un código de buenas prácticas consensuado con el sector.
En cuanto a las sanciones, todo sigue igual. Son las previstas en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del 2007. Van desde las leves (hasta 3.000 euros) hasta las muy graves (que pueden alcanzar los dos millones de euros).