Un vecino de A Cañiza, en la trama de venta de carne de caballo no apta para el consumo
VIGO
Era un «entrador» que adquiría animales que luego llevaban al matadero
08 oct 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Fue posiblemente el mayor escándalo cárnico en lo que va de siglo. En el 2013 se descubrió en el Reino Unido que una cárnica francesa comercializó cientos de toneladas de carne de caballo como si fuera de ternera. Pronto las ramificaciones de los que se conoció como Horsegate se comprobó que se extendían por una docena de países donde esta carne se empleó para preparar platos precocinados por distintas empresas ajenas al fraude.
Cuatro años después, la Guardia Civil anunciaba el arresto de 65 personas en el marco de la operación Gazel a las que inicialmente relacionó con los delito de maltrato animal, falsedad documental, prevaricación, contra la salud pública, blanqueo de capital y organización criminal. El operativo abarcó a siete comunidades autónomas y propició el procesamiento finalmente de once de los arrestados. Entre ellos, al menos, un vecino de A Cañiza en cuyo domicilio se hallaron una docena de Documentos de Identificación Equina (DIE) de ejemplares no registrados en España.
La Audiencia Nacional le acaba de imponer diez meses y multa por un delito contra la salud pública, así como cinco meses y multa por falsedad documental. Además, se le inhabilita para profesión, oficio, industria o comercio relacionado con el suministro de bienes a los consumidores por tiempo de dos años y once meses. Penas similares recayeron en la mayoría de los restantes encausados después de que hubieran llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal.
Evitando la trazabilidad
La sentencia, por tanto firme, deja claro que todos ellos, al menos desde octubre del 2016, introdujeron en el mercado «cantidades de carne de equinos no aptos para el consumo humano, evitando la trazabilidad de la carne y, de esta manera, el control sanitario». De este modo, la carne que destinaron para el consumo humano procedían, por un lado, de «ejemplares de equino que carecían de documentación alguna» o, por otro, de animales «que, aunque no eran aptos para el consumo humano, entraban en el matadero, se sacrificaban y entraban en la cadena alimentaria humana debido a la falta de control del veterinario oficial».
En este punto, se tiene el convencimiento de que, en este segundo supuesto, para lograr que los equinos entraran en el circuito comercial «era indispensable y necesario el acuerdo entre, por un lado, los entradores de ganado en los mataderos, y por otro, los responsables» de los mismos, así del veterinario oficial. La investigación de la Guardia Civil determinó que el modus operandi más habitual consistía en dejar de introducir los datos de los equinos destinados al matadero en el SITRAN, siglas del Sistema Integral de Trazabilidad Animal, o introduciéndolos con declaraciones falsas para «lograr la no constancia para las autoridades sanitarias de que el verdadero ejemplar no apto para el consumo humano había sido sacrificado».
La sentencia alude a una tercera forma por la que esta carne llegaría a los consumidores. Y era procedente de «ejemplares a los que se les duplicaba la identificación electrónica o se les adjudicaba la de otro animal de abasto».
Con esta forma de proceder, blanqueaban animales sin documentación o que habían sido declarados como no aptos para consumo humano. A la hora de conseguir sus objetivos, el entramado empleaba «documentos de ejemplares muertos en la explotación que no se grababan en el sistema o documentos obtenidos a partir de la declaración falsaria de partos inexistentes en la explotación».
El papel del cañicense
¿Y qué rol jugó en esta trama el cañicense? Con antecedentes por falsificación de documento público, oficial o mercantil y tenencia de armas, la Audiencia Nacional lo sitúa como uno de los entradores: «Efectuaban en connivencia con otros entradores, ganaderos y tratantes de ganado la adquisición de numerosos ejemplares de équidos no aptos para el consumo humano».
De este modo, era uno de los encausados que «reidentificaban equinos; adjudicaban documentos de unos ejemplares aptos para el consumo a otros no aptos para el consumo; llevaban a cabo compras de identificadores auriculares-crotales para culminar las referidas reidentificaciones; adquirían y colocaban identificadores electrónicos inyectables (microchips); y extraían microchips para su reutilización en otros equinos», añade la sentencia.
Tal y como sostuvo la Guardia Civil, la carne se comercializaba a través de dos mataderos de León. El de Astorga, donde los acusados contaban «con la connivencia de un veterinario oficial, sin que haya podido determinarse cuál de ellos les ayudaba», y el de Toreno, donde sí que se pudo identificar al veterinario oficial. Este aceptó once meses de cárcel y multa por un delito contra la salud pública, así como dos años y once meses de inhabilitación, para el empleo o cargo público de veterinario por el tiempo de 2 años y 11 meses; y un año y seis meses, multa, y otro año y once meses de inhabilitación especial por un segundo cargo de falsedad documental.