Veintidós años después de que el Tribunal Supremo ordenase derribarlo, el complejo que acoge el Círculo de Empresarios y casi doscientas viviendas sigue sin licencia. El Concello de Vigo espera legalizarlo con el Plan Xeral
16 ene 2024 . Actualizado a las 09:31 h.El 19 de enero del 2002, La Voz de Galicia dio cuenta de una sentencia del Tribunal Supremo que desestimaba el recurso de la promotora Ífer contra un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordenaba anular la licencia de las dos torres de la avenida de García Barbón y proceder a su derribo. El fallo ratificaba la tesis de que era preciso demoler lo ilegalmente construido. Se cumplen ahora 22 años de aquella resolución y el complejo que alberga en su base el Círculo de Empresarios y cerca de doscientas viviendas sigue en pie, resistiendo todos los seísmos judiciales.
La historia de las torres nació en 1991, momento en el que deja de producir la planta de Skol que Unión Cervecera tenía en A Barxa, donde desde la década de los años veinte se había fabricado cerveza. A partir de ese momento comenzaron las negociaciones entre la empresa, que entonces ya era de capital danés, y el Concello de Vigo para alcanzar un acuerdo que permitiese recalificar el terreno y construir viviendas. El gobierno municipal tripartito encabezado por Carlos Príncipe dio la licencia de obra en julio de 1994, momento en el que ya estaba en la operación la sociedad Ifer, nombre que a partir de ese momento tomaría el proyecto y que todavía se utiliza en la actualidad. Aquel permiso autorizaba a levantar dos bloques de 22 alturas y bajos comerciales que ya habían sido adquiridos por la sociedad Club Financiero de Vigo, fundada dos años antes.
Un ciudadano llamado Eduardo Canabal, conocido en la ciudad por sus continuos recursos a distintos proyectos urbanísticos, presentó una reclamación en el juzgado contra esta operación. El asunto derivó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, en marzo de 1999, precisaba: «Al día de la fecha los edificios litigiosos carecen de licencia municipal, que ha sido anulada por sentencia firme, y que el cambio de planeamiento por sí solo no le otorga ni restituye, carencia cuya consecuencia inmediata es la demolición». Demolición decía el Superior de Galicia y demolición repetía el Tribunal Supremo.
Con anterioridad, y tras la anulación de la licencia, al gobierno popular de Manuel Pérez le tocó en 1996 resolver la sentencia que anuló la licencia y el estudio de detalle aprobado por el equipo de su antecesor. Toda la corporación municipal, y la Xunta de Galicia también, decidieron llevar a cabo con rapidez una modificación del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) que permitiese su legalización y evitar así indemnizaciones millonarias al os propietarios. En La Voz de Galicia del 19 de enero del 2002 se explicaba que, una vez concluida la modificación, se topó el asunto con la negativa de Ífer SL a solicitar la licencia del inmueble, ya que para ello debería ceder al Concello el 10 % del aprovechamiento. Con todo, el edificio fue concluido.
Años de inseguridad
El caso de las torres Ífer no fue el único varapalo judicial que recibía el Concello de Vigo por licencias concedidas a comienzos de los años noventa. También obtuvieron sentencias contrarias los proyectos del Piricoto, la urbanización de la calle de Rosalía de Castro y los aparthoteles de Samil. Todo aquello desembocó en cierto miedo entre los promotores vigueses, que alegaban la existencia de una gran inseguridad jurídica.
El salvavidas fue recibido por los propietarios de las torres en abril del 2011. Llegó tras la aprobación del PXOM del 2008 y una nueva licencia municipal. Tres años después de aquel intento de legalización, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia devolvía la tranquilidad a la asociación empresarial y, de manera especial, a los propietarios de los inmuebles. Un auto de la alta instancia judicial gallega consideraba entonces que la aprobación del PXOM en el 2008 y la posterior licencia municipal servían para normalizar la situación. Formalmente, lo que hacía el Tribunal Superior era declarar la inejecución de la sentencia inicial, que databa de octubre de 1996, «por razones de legalidad sobrevenida».
Pero la anulación del PXOM del 2008 devolvió el proceso a la línea de salida. Es decir, el conjunto vive en una ilegalidad urbanística, eso sí, a la espera de que el nuevo Plan Xeral, aprobado inicialmente a finales del 2023, corrija la situación. El 22 de marzo del año pasado, La Voz de Galicia explicaba a propósito de la posible venta de una planta: «Según fuentes conocedoras de la situación, el Círculo de Empresarios de Galicia, antes Club Financiero Vigo, pese a la situación de ilegalidad urbanística desde hace dos décadas de las torres Ífer, ha pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) desde que inauguraron el proyecto. Dispone de servicios pese a carecer de licencia de primera ocupación, una situación en la que se encuentran no pocos edificios en la ciudad». En la misma situación se han encontrado los propietarios de los pisos, que han venido pagando impuestos y tasas al Concello todos estos años pese a no tener licencia.