El empresario del sector pesquero acusado de alzamiento de bienes: «Siempre pagué a todo el mundo»
VIGO
El fiscal de Vigo mantiene la petición de tres años de cárcel para el responsable de Anduriñamar, su mujer y tres hijos por transmitir capital a otras sociedades y no abonar 1,5 millones por la compra de Penimar
13 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Un empresario del sector pesquero, su mujer y tres hijos se sentaron ayer en el banquillo en la Audiencia de Vigo. Están acusados de un delito de alzamiento de bienes por adquirir una empresa de la competencia y dejar de pagar 1,5 millones de euros por la operación, al tiempo que creaban otra compañía y le transmitían capital. «Sempre pagué a todo el mundo», declaró M.M.C., responsable de la firma Anduriñamar. El fiscal pide para ellos tres años de cárcel por no abonar el dinero acordado tras la adquisición de Mariscos Penimar.
El empresario explicó que creó la sociedad Anduriñamar con su mujer y que eran administradores solidarios y que pusieron las participaciones a nombre de sus hijos cuando ellos eran menores. Ellos «nunca participaron» en la gestsión de Anduriñamar, afirmó. En abril del 2016 fue cuando se firmó la compra de Marisccos Penimar por 2 millones. El fiscal sostiene que, después, Froiz compró una nave de Penimar en O Berbés por 1,3 millones.
El acusado alegó que un temporal en el 2017 y la pérdida de accionenes del Banco Popular complicaron si situación económica y se planteó refinanciar la deuda. Sostuvo que ofreció al vendedor de Penimar participar en actividades empresariales. En marzo de 2018, su exmujer y él acordaron reducir el capital de Anduriñamar y pasar las propiedades a sus hijos de la forma que les «dijo el notario», recoge EFE.
El Ministerio Público señaló que la familia creó en el 2018 otra empresa CTM de la Vía, a la que luego transmitieron tres barcos que, presuntamente, había dado en garantía a Penimar. El propósito sería eludir el pago de la deuda de 1,55 millones, después de satisfacer solo 450.000 euros a Penimar. Un juez ordenó el embargo preventivo de esas embarcacones en el 2020.
Los cinco miembros de la familia se enfrentan, además de a los tres años de cárcel y una multa de 12.000 euros, a la disolución de Anduriñamar y CTM de la Vía y a indemnizar al denunciante con 1.586.367 euros.