La exempleada asegura que el gobierno la amenazó por emitir informes desfavorables
13 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Ana Isabel Miniño Cacabelos, la que hasta hace apenas unos días era la secretaria e interventora del Concello de Mondariz, la máxima figura administrativa de un Ayuntamiento y que tiene que velar por la legalidad de los procedimientos del gobierno encabezado Alternativa por Mondariz (marea), no fue renovada en su cargo, que ocupaba de forma interina, después de que denunciase adjudicaciones a dedo, especialmente en el proyecto de la plaza de abastos. En un durísimo escrito que entregó a todos los grupos de la oposición y que presentó en el registro municipal, relata que se le entregó «una carpeta con tres empresas a las que se deberían de invitar a participar y fue en aquel mismo entonces cuando me negué a hacer un procedimiento negociado», explica. La ya exsecretaria emitió un informe en el que advirtió de la no conveniencia de hacer un procedimiento negociado sin publicidad. «A pesar de mis advertencias, no se quiso entender», asegura Miniño.
En el escrito explica que el gobierno quiso continuar con el proceso «a toda costa», y que para ello solicitó informes a empresas externas elaborados a conveniencia.
Según la empleada pública, «lo difícil vendría más tarde». En el mes de diciembre se debía justificar ante la Xunta la subvención para el proyecto de la plaza de abastos. La secretaria remitió toda la documentación y un certificado advirtiendo de la ilegalidad del procedimiento de contratación. La Administración autonómica respondió inmediatamente: denegaba la ayuda, que ascendía a 33.000 euros. Cuando llegó la resolución de la Xunta, según la secretaria, la teniente de alcalde, Mónica Peralba, «me amenazó diciendo que si se perdía la subvención vendrían a por mí. También se me amenazó con la posibilidad de abrir un expediente disciplinario por haber remitido un certificado a la Xunta sin el visto bueno del alcalde».
Pero las prácticas irregulares que relata la interventora de Mondariz no se restringen al proceso de contratación del proyecto de la plaza de abastos. Según ella, hubo más adjudicaciones a dedo. Por ejemplo, en la obra de la caldera de biomasa. «En octubre aparece en mi despacho el supuesto adjudicatario con los sobres para presentarse a la licitación. En ese momento todavía no se había iniciado el procedimiento de contratación. No convencida con el procedimiento a seguir, emití un nuevo informe desfavorable (...), hecho que no sentó bien al equipo de gobierno».
También denuncia la contratación de personal municipal de forma irregular. Tras la baja en enero del agente de desarrollo local del Concello, Ana Isabel Miniño asegura que se contrató a su sustituto sin realizar ninguna entrevista personal ni ningún proceso de selección. Se le pagó por su trabajo 2.300 euros sin haber acordado ningún horario con el Concello. «Entraba y salía cuando quería», recuerda. La factura del pago a este «supuesto autónomo» fue reparada por la interventora dado que, según ella, era una contratación ilegal.
No fue el único caso. En enero llegó una becaria. «Sin ningún tipo de llamada por parte de la entidad ofertante de las prácticas, sin haber entregado ningún tipo de currículo y sin haber negociado con el Concello las condiciones para dicha alumna, se me pide que la meta en secretaría». Ante la negativa de la interventora, «el alcalde me contesta que quien manda es él y que mi comportamiento se debe a mi falta de experiencia en la administración», asegura Miniño, que ha sido apartada de su cargo, donde estaba interina, tras presentar este escrito.
El PP ya ha solicitado al regidor, Xoán Carlos Montes, que convoque un pleno extraordinario para solicitar explicaciones. En caso de que no lo haga, solicitará su dimisión y también la de la teniente de alcalde.