El Tribunal Supremo da la razón al alcalde de O Porriño y bloquea el pago de facturas por 2,5 millones de euros
O PORRIÑO
La sentencia crea jurisprudencia y considera que un concejal puede recurrir pagos irregulares y da la razón a Alejandro Lorenzo en su lucha contra los abusos en la gestión de fondos públicos tras siete años
20 mar 2025 . Actualizado a las 23:11 h.Una reciente sentencia del Tribunal Supremo marca un antes y un después en la lucha por la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. La Justicia acaba de dar la razón a Alejandro Lorenzo, actual alcalde de O Porriño, en su batalla legal contra el pago de facturas presuntamente irregulares por un importe de 352.000 euros. La decisión del alto tribunal establece un importante precedente que refuerza la fiscalización del gasto público. En 2018, la empresa Nexia reclamó al Ayuntamiento de O Porriño el pago de facturas por un total de 352.000 euros. El anterior gobierno local ya había conformado estas facturas para proceder a su abono. Sin embargo, Alejandro Lorenzo, en aquel entonces concejal y hoy alcalde, decidió recurrir judicialmente contra el pago de esta cantidad.
La firmeza de Lorenzo lo llevó a personarse como codemandante, aunque la empresa y el gobierno municipal de aquel momento cuestionaban su legitimidad para hacerlo. «Sen embargo, a Xustiza non só recoñeceu o seu dereito a actuar no proceso, senón que ademais concluíu que as facturas carecían de validez», afirma. No existía contrato que amparase los pagos, los trabajos facturados no estaban acreditados de manera suficiente y los precios tampoco se ajustaban a los valores de mercado.
Una sentencia con impacto millonario
La resolución del Tribunal Supremo no solo impidió un pago indebido de 352.000 euros, sino que además resultó determinante para la recuperación de cerca de 2,5 millones de euros en facturas que el anterior gobierno pretendía abonar sin las debidas garantías legales. «Esta vitoria xurídica senta un precedente crucial para evitar futuras prácticas irregulares na xestión dos fondos municipais», indica.
Un triunfo para la transparencia y el buen gobierno
La sentencia reafirma la importancia del control y la fiscalización del gasto público, y supone un respaldo judicial para aquellos representantes políticos que defienden los intereses de la ciudadanía frente a posibles abusos. «O caso de O Porriño pasa así a converterse nun referente a nivel nacional na loita pola transparencia e a boa xestión dos recursos públicos», concluye.